La violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos no cesa. Es más, recientes cifras revelan que ambos sectores son acechados por grupos del crimen organizado, hostigados y torturados por autoridades federales, y por si fuera poco, son víctimas de violencia física y psicológica.
La estadística es alarmante: 8 de cada 10 reporteros y activistas fueron amenazados de muerte, acosados o padeció ataques físicos y verbales tanto por autoridades estatales y federales como por el narcotráfico.
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Publimetro tuvo acceso al informe 2018 que elaboró el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE) —el cual se dará a conocer este 24 de septiembre— sobre la Libertad de expresión, protección y seguridad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
El documento recabó evidencia sobre las condiciones de seguridad, violencia, abusos y acceso a la justica de periodistas y defensores de derechos humanos y brinda un diagnóstico a nivel nacional en los últimos meses.
Los resultados son contundentes: 34% de los periodistas en el país considera que los medios de comunicación pueden expresarse libremente sin temer agresiones, y detalla que más de 70% de los contenidos relacionados con el gobierno y servidores públicos son censurados.También describe que, de 2013 a la fecha, periodistas y quienes defienden derechos humanos fueron agredidos, en promedio, cuatro veces.
Adicionalmente, una tercera parte de quienes fueron encuestados resultaron víctimas de agresiones o amenazas por desarrollar su labor profesional. De este estudio, 33% de las personas reporta que fue víctima de amenazas o intimidaciones; 16% de represión; 13% le intervinieron sus comunicaciones, mientras que 9% fue difamado y 3% violentado físicamente.
Armando Rodríguez, coordinador de programas y proyectos del Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), detalló en entrevista que este informe ayudará a llevar un registro exacto sobre la violencia en ambas poblaciones y brindar un diagnóstico real.
“El estudio nos ofrece identificar necesidades técnicas, así como el contexto de violencia por región y por estado, con el fin de generar recomendaciones e identificar el panorama que prevalece actualmente”, sostuvo el encargado de elaborar el informe.
La investigación está basada en 34 solicitudes de información a las unidades de enlace de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión (Feadle) y del Mecanismo de Protección a Periodistas; además se entrevistaron a 14 comunicadores, 11 defensores de derechos humanos y 2 funcionarios de alto nivel en 20 entidades de la República.
Igualmente, se anexaron datos y análisis de reportes de prensa, así como de informes especiales emitidos por organizaciones nacionales e internacionales en defensa de la libertad de expresión, autoridades mexicanas y organizaciones internacionales.
Quedan a deber
En los últimos seis años, tanto el Mecanismo de Protección a Periodistas y la Feadle no han logrado frenar los asesinatos, ataques y agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos en la República.
Y aunque ambas instancias cuentan con recursos que les suministra el gobierno federal, sus datos en los últimos años revelan que a pesar de brindar protección a comunicadores y defensores que fueron amenazados, esto no ha sido suficiente para garantizar su seguridad.
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Incluso, el informe de la Casede detalla deficiencias, omisiones y falta de rendición de cuentas y transparencia tanto en el Mecanismo de Protección a Periodistas y por los agentes de la Feadle desde 2012.
Y es que la encuesta da un panorama desalentador, pues entre los grupos que han violentado a ambas poblaciones destacan políticos y funcionarios, quienes son presuntos responsables de 40% de las agresiones reportadas en la encuesta.
Le siguen policías estatales o municipales, 37% crimen organizado, 23% otros grupos de interés, 16% policía federal, ejército o marina, 16% y colegas de trabajo 10%.
Desde su creación y hasta febrero de 2016, la Feadle inició 806 averiguaciones previas motivadas por delitos vinculados con la actividad periodística; no obstante en 2017, por ejemplo, del total de averiguaciones previas en trámite (140 en total), 127 permanecieron en rezago.
Además, de julio de 2010 a mayo de 2018, cinco fueron los principales delitos por los cuales se inició una averiguación previa: amenazas 38%, abuso de autoridad 18%, robo 7%, homicidio 7% y privación ilegal de la libertad 6%.
Sin embargo, estos no fueron los únicos agravios cometidos contra periodistas en este periodo, pues también fueron víctimas de daños en propiedad ajena, tentativa de homicidio, secuestro y tortura, entre otros.
Sin dinero y sin respaldo
Para el 30 de septiembre de este año, los recursos para el pago de medidas de protección para 702 periodistas y defensores de derechos humanos se habrán agotado. Ante ello, la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas urgió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asignar 126 millones de pesos para el fideicomiso que cubre dichas medidas.
La junta advirtió que, de no contar con los recursos antes del 30 de septiembre, el mecanismo tendría que retirar, a partir del 1 de octubre, las más de 3 mil 500 medidas de protección en favor de 702 personas y 51 colectivos.
Sólos contra el narco
Comúnmente, periodistas que son víctimas de agresión trabajan temas relacionados con corrupción, crimen, delincuencia organizada, violaciones a los derechos humanos y movilizaciones sociales.
Otro de los datos que arroja este informe, es que tras ser víctima de una agresión solamente 19% denunció, de los cuales 6% se identificó como delito.
Además, entre quienes fueron víctimas de la agresión y no acudieron a denunciar el hecho, 24% buscó ayuda en amigos y familiares; 21% lo hizo en una organización de la sociedad civil y 8% se cambió temporal o definitivamente de residencia.
Foco rojo:
- 668 agresiones cometidas entre 2012 y 2018 contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos presuntamente fueron realizadas por un conjunto de actores estatales y no estatales.
- 21 periodistas están desaparecidos en México desde el año 2003, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).
- Entre 2012 y mayo de 2018 el Mecanismo admitió 567 solicitudes de ingreso de las 678 que ha recibido.
- Del total de solicitudes admitidas, 339 son de periodistas y 228 son de defensoras y defensores de derechos humanos. • En los últimos diez años, la mayoría de los periodistas asesinados y desaparecidos fueron hombres. Sin embargo, las mujeres también se encuentran expuestas a intimidaciones y agresiones físicas.
Posturas:
“No existen medidas que garanticen la libertad de expresión en el país; estamos viviendo una ola de agresiones sin precedente, urgen protocolos que brinden una verdadera protección al periodista y a los defensores de derechos humanos” Ernesto Ledesma, director de Rompeviento Tv.
“No hay una línea base de indicadores sobre la percepción de inseguridad que sienten periodistas y personas defensoras de derechos humanos al ejercer su profesión y esta encuesta sí propone una primera línea base” Armando Rodríguez, coordinador de programas y proyectos del Análisis de la Seguridad con Democracia A.C (Casede)
“Mientras no haya autonomía en la Feadle no habrá imparcialidad, esta instancia ha fallado, sus cambios sólo son cosméticos; sobre el Mecanismo, éste necesita una reestructuración real” Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 México y Centroamérica.
Análisis:
Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés)
¿Cuáles son las medidas que se deben tomar para frenar esta ola de violencia que padecen periodistas y defensores?
—Son varias cosas, tenemos un alza en la violencia contra comunicadores y defensores en todo el país. El Gobierno debe garantizar el derecho a la libertad de expresión en todos los sentidos.
Lo que estamos percibiendo es en general un alza en varios tipos de violencia contra periodistas y no se están castigando a los responsables. Es más, ni siquiera se investigan estos delitos, como denuncian varias organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
¿Cuál es el papel que han jugado el Mecanismo de Protección y la Feadle?
—Cada instancia ha hecho lo propio para garantizar los derechos de ambos sectores; sin embargo, es evidente que hace falta mucho por hacer, pues aun cuando se brindan medidas de protección se siguen violentando los derechos de tanto periodistas como de activistas en todo el país.
A esto se le suma que las agresiones, amenazas, acoso y hostigamiento en contra de ambas poblaciones va en ascenso. Y por si fuera poco, el mecanismo está a punto de quedar sin dinero, lo que dejará a 702 defensores de los derechos humanos y periodistas en peligro inmediato de ser atacados por su trabajo.
Entonces con este panorama ¿la presión de organizaciones civiles ha sido insuficiente?
—En este momento estamos viviendo una crisis de libertad de expresión que tiene que ver con niveles de impunidad altísimos. Existe un estado de justicia disfuncional, debilidad institucional y la falta de voluntad real por parte de autoridades de todos los niveles, por lo que realmente se debe emprender una política pública enfocada no sólo en la protección de periodistas, sino también para resolver el tema de la impunidad.
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