Los nuevos modos de extorsión y cobro de «derecho de piso» en la Ciudad de México alcanzaron a repartidores y a alcaldes electos.
De acuerdo con informes y documentos de la Procuraduría capitalina (PGJCDMX), a los que La Silla Rota tuvo acceso, se tienen detectados nuevos modos de chantaje, como protestas falsas contra escuelas, cobro a repartidores por mercancía entregada y hasta llamadas amenazantes a alcaldes electos.
‘RODARÁN CABEZAS’
El 3 de agosto pasado, a las 8:30 horas, sonó el teléfono celular de José Carlos Acosta Ruiz, alcalde electo de Xochimilco.
Una voz al otro lado de la línea le aseguró que era comandante del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización más poderosa del país, según la Drug Enforcement Adminsitration (DEA).
El delincuente inmediatamente advirtió al morenista: tenía que «alinearse» y estar a disposición del cártel a partir de que tomara posesión; de lo contrario, amagó, «rodarían cabezas de gente cercana a él».
Todo quedó asentado en la denuncia FXH/XO-2/UI-1S/D/2198/09-2018, abierta en la Procuraduría capitalina (PGJCDMX).
El delito por el que se inició es tentativa de extorsión y desde entonces, confiaron fuentes cercanas a la indagatoria, el alcalde electo ha recibido otras llamadas de números desconocidos, pero ya no las atendió.
La PGJ ya contactó a la Procuraduría General de la República (PGR) para intercambiar información sobre la posible presencia del CJNG en Xochimilco.
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PROTESTAS FALSAS
De un microbús descendieron unas 30 personas que se apostaron afuera de la escuela primaria Simón Bolívar, ubicada en la calle Galicia, colonia Insurgentes Mixcoac, en la alcaldía Benito Juárez.
Llevaban pancartas y exigían la creación de un sindicato de maestros, además de que lanzaban quejas contra supuesto maltrato a los niños.
Según la denuncia FBJ/BJ-1/UI-1S/D/5746/09-2018, la directora del plantel, Sara «N», atendió a un grupo de manifestantes que exigían 400 mil pesos por levantar la protesta y bajo la premisa de que no volverían a su escuela.
La mujer les contestó que no tenía esa cantidad, por lo cual los falsos quejosos se retiraron amenazando con volver.
En la denuncia se resaltó que ninguno era empleado de la escuela ni tampoco padres de familia, por lo cual la PGJ integró el caso como tentativa de extorsión.
El análisis sobre extorsión que tiene la Procuraduría indica que el modo de operar depende de la zona. Mientras en Iztapalapa, por ejemplo, se amenaza con información familiar de la víctima y con agresiones a su domicilio, en Bosques de las Lomas, Polanco, Jardines del Pedregal y Lomas de Chapultepec, las trabajadores domésticas son blancos de engaños.
Estos casos consisten en llamadas telefónicas a las residencias que contestan las empleadas. A ellas se les engaña con que su patrón tiene un problema con Hacienda o con el banco y que le van a embargar.
Por esta razón, llevan a las afectadas a reunir dinero, joyas y hasta cajas fuertes que deben entregar a falsos abogados.
Después, al ser contactadas por sus jefes, éstos les informan que no tienen ningún problema.
En algunos casos se clasifica como extorsión y en otros como fraude.
MIL 500 PESOS POR DESCARGAR PRODUCTO EN LA MERCED
Autoridades capitalinas tienen detectado que en el mercado de la Merced y sus alrededores surgió una problemática hasta entonces inédita: el cobro de cuotas a repartidores que llevan comestibles.
Con base en la carpeta FVC/VC-1/UI-1S/D/1578/09-2018, a los repartidores de botanas y postres se les exigen mil 500 pesos semanales para permitirles dejar su mercancía en los distintos puestos y tiendas dentro del mercado y en las inmediaciones.
El 20 de septiembre pasado, acorde con el expediente, dos empleados de una empresa botanera llevaban producto en «diablitos» cuando fueron interceptados por una mujer que se identificó como «La Güera», supuesta cabecilla de un grupo delictivo.
«¿Quién te dio permiso para estar descargando? ¿Te vale madre lo que te digo?», reclamó a los empleados. Antes de que pudieran contestar, la mujer asestó un golpe en el rostro de uno de ellos; luego exigió se llevaran los productos a una bodega suya.
Los trabajadores regresaron a las oficinas de su empresa sin la mercancía y avisaron al despacho jurídico.
Avances en la investigación señalan que el «derecho de piso» a repartidores en la Merced se estableció desde marzo de 2017 y que se fijó una cuota de mil 500 pesos semanales por descargar.
Como la empresa cuyo empleado fue golpeado no había pagado durante algunas semanas, acumuló una deuda de casi 13 mil pesos.
Agentes de Investigación encargados de la indagatoria descubrieron que la mujer señalada se llama Elvia, y presuntamente es operadora de un grupo criminal ligado a robos y venta de droga.
