La Procuraduría General de la República (PGR) contabiliza apenas 243 denuncias por abuso sexual infantil en México en los últimos seis años y medio, en contraste, organizaciones civiles reportan más de 150 mil casos en el mismo periodo.
Datos de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) obtenidos por Publimetro vía transparencia, arrojan que la Ciudad de México, Estado de México y Campeche registran 93% de las indagatorias iniciadas por abuso sexual infantil.
También te puede interesar:
La mayoría de las agresiones que se cometieron contra los infantes en este lapso fueron principalmente a niñas, cuyo registro asciende a 247 víctimas, mientras que se contabilizaron 41 casos de niños en el periodo.
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) colocó a México en el primer lugar a nivel mundial en materia de abuso sexual, violencia física y homicidio de menores de 14 años durante 2017.
Según sus cifras, alrededor de 4.5 millones de niños mexicanos han sido víctimas de este tipo de delitos de abuso sexual y, lo peor del caso, es que solamente se da a conocer únicamente 2% de los registros.
Al día violan a 68 infantes
Estadísticas de la PGR demuestran que 85% de las agresiones sexuales contra los menores provienen de algún familiar, como padres, tíos, hermanos y primos; el resto son personas ajenas a la familia.
“Los responsables de este tipo de maltrato a los niños son por los propios papás, padrastros, después están los tíos, abuelos, primos o hermanos; el agresor casi siempre es de la familia”, respondió la dependencia a esta casa editorial.
También te puede interesar:
Mientras que la asociación civil Guardianes –organización que trabaja en la prevención del maltrato y abuso sexual en infantes– calificó la cifra de risible, pues tan sólo ellos contabilizan 25 mil menores de edad que han padecido abuso sexual por año.
Esto equivale a una media de 68 agresiones sexuales cada 24 horas, de acuerdo con los datos porporcionados por la asociación civil.
Perfil del sociópata
Rosario Alfaro, directora general de Guardianes, detalló que el perfil de los agresores son principalmente hombres mayores de 35 años, generalmente heterosexuales, y una vida ‘normal’ en familia; en tanto, 3% de estos delitos los cometen mujeres.
Inclusive, destaca que en la clase social alta, las violaciones y abusos provienen de otro sector: guardaespaldas, choferes de la familia, jardineros, así como personal de limpieza y maestros particulares.
En el sector religioso la situación no cambia, ya que son los propios sacerdotes, curas y monjes quienes violentan a los niños. “Son personas a las que les gusta estar con niños, irónicamente, son más allegados a ellos y se ganan su confianza; regularmente abusan de su poder como familiares directos y los someten a su voluntad”, externó la activista.
Huellas invisibles
- La mayoría de las agresiones a menores son por caricias y besos, las cuales no dejan necesariamente huellas físicas y que difícilmente se pueden comprobar ante las autoridades
- Vacío en la legislación: No existe una ley homologada en casos de abuso sexual infantil, cada estado tiene la suya.
- No existen protocolos de intervención con las víctimas.
- En cada estado hay varias dependencias donde se puede demandar: ministerio público, delegación, municipio, DIF, y no sólo la PGJ.
Rosi Orozco Presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata
¿Qué lectura le das al tema del abuso sexual infantil en México?
— Es un problema que se desbordó, estamos hablando de un delito que va al alza, y que va directamente ligado a la pornografía infantil que se distribuye en varios estados de la República, es un efecto colateral.
Como es un delito del fuero común, las dependencias locales atraen estos casos y no la propia PGR.
¿A qué atribuyes que la PGR sólo haya documentado poco más de 200 denuncias en seis años y medio?
— Es que la Procuraduría General no está obligada a perseguir este tipo de delitos, más que cuando se trata de delitos federales.
Los estados tienen injerencia en el fuero común, es decir, los gobiernos estatales y locales son los que tienen la responsabilidad de iniciar las indagatorias correspondientes y no la dependencia federal.
¿Son focos rojos entonces?
— Definitivamente, lo ideal es que las autoridades federales tomen cartas en el asunto y se pongan a trabajar de formar verdadera en este problema, el cual se nos ha salido de las manos. Siempre hemos buscado visibilizar este problema y también el de la trata de personas; son incontables los casos a los que hemos dado seguimiento.
