Por su responsabilidad en la comisión de delitos contra el ambiente, un juez de Puebla sentenció a dos hombres por el delito contra el ambiente. Uno de ellos deberá reparar el daño dando seguimiento de vida a ocho mil árboles, por más de un año.
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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informa en carácter de representante de la víctima colectiva y coadyuvante del Ministerio Público de la Federación, que un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Puebla, condenó a un sujeto a prisión, multa, reparación del daño y la suspensión de derechos civiles y políticos.
Su complice, fue quien recibió la pena de plantar ocho mil plántulas (planta joven, al poco tiempo de brotar de la semilla), del género Pinus sp, durante la temporada de lluvias y asegurar su sobrevivencia. La condena es por un año y dos meses en el municipio de Lafragua, de González Ortega, Puebla, donde ambos sujetos fueron detenidos.
Durante un operativo llevado a cabo a finales de marzo del 2018, personal de la Profepa en coordinación con la Policía Federal, detuvo y puso a disposición del Ministerio Público de la Federación a Omar N. y Villulfo N., quienes no acreditaron la legal procedencia de 76 piezas de madera en rollo, equivalente a casi 20 metros cúbicos.
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Los acusados fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República por el transporte y acopio de materia prima forestal en una cantidad mayor a cuatro metros cúbicos, lo que es considerado un delito contra el ambiente, previsto y sancionado en el artículo 419 del Código Penal Federal.
Respecto al sujeto que plantará y cuidará árboles deberá informar a la Profepa de su total cumplimiento para que ésta lo verifique y, posteriormente, emita su opinión ante el Juez de Distrito y establecer si se considera reparado el daño.
Al otro acusado se le impuso una pena privativa de libertad de ocho meses, multa por el equivalente a 200 Unidades de Medida y Actualización y ordenó la reparación del daño. También, fue suspendido de sus derechos civiles y políticos hasta que cumpla la sentencia; además, le será considerado como antecedente penal.
La autoridad judicial le concedió el beneficio de la sustitución de las sanciones impuestas exigiendo al sentenciado la reparación del daño; que consiste en apoyar con equipo de trabajo a Comités de Vigilancia, para llevar a cabo acciones de prevención de ilícitos ambientales.
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