El gobierno estadounidense ha separado a 81 niños migrantes de sus padres en la frontera con México desde junio, a pesar de que emitió en una orden ejecutiva cesando la práctica y de un fallo similar emitido por un juez, según datos oficiales provistos por las autoridades a The Associated Press.
Las autoridades mantienen la potestad de separar a un niño de sus padres en casos específicos, alegando por ejemplo que peligra el bienestar o la salud del niño o si el padre tiene antecedentes penales. Tales excepciones ya existían incluso antes de la política de «tolerancia cero» aplicada por el gobierno de Donald Trump.
El gobierno decide cuándo un caso amerita esa excepción, pero eso preocupa a los activistas a favor de la inmigración, quienes temen que muchos padres migrantes están siendo etiquetados falsamente como delincuentes.
Desde el 21 de junio (día posterior a la orden ejecutiva firmada por Trump) hasta el 4 de diciembre, 76 adultos fueron separados de sus niños, según la información. De ellos, 51 fueron procesados penalmente: 31 tenían antecedentes penales y 20 por otras razones no especificadas. Nueve fueron hospitalizados, 10 estaban vinculados con pandillas y cuatro tenían órdenes de extradición. Dos habían incurrido en infracciones migratorias y tenían pendientes órdenes de deportación.
«El bienestar de los menores de edad en nuestra custodia es la máxima prioridad», dijo Katie Waldman, vocera del Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa las labores de inmigración. «Como hemos dicho antes y como demuestran las cifras, las separaciones familiares son excepciones. Si bien hubo una breve alza durante el período de tolerancia cero, debido al aumento de detenciones de adultos, la cifra ha regresado a su nivel anterior».
Más de 2 mil 400 niños migrantes fueron separados por sus padres
Durante el punto máximo de la aplicación de la «tolerancia cero» en el verano, más de 2 mil 400 niños fueron separados de sus padres. La práctica desató el oprobio mundial. Grupos religiosos, políticos y humanitarios la calificaron de cruel e inhumana. Imágenes de niños llorando y de padres angustiados saturaron los titulares de diarios y las pantallas de televisión.
Un juez federal que escuchó una demanda entablada por una madre que había sido separada de su hijo prohibió que siguieran las separaciones y ordenó al gobierno reunificar a las familias.
Sin embargo, el juez, Dana Sabraw, permitió que sigan las excepciones según cada caso individual y autorizó demandas contra nuevas separaciones si el caso lo amerita.
El abogado Lee Gelernt, de la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU), dijo que espera que el juez ordene que los alerte si hay una nueva separación, porque actualmente no se les está avisando y por lo tanto es imposible introducir demandas en contra.
«Estamos muy preocupados por la posibilidad de que el gobierno esté separando a familias a raíz de denuncias vagas de antecedentes penales», expresó Gelernt.
Según los datos oficiales, desde el 19 de abril hasta el 30 de septiembre, 170 unidades familiares fueron separadas porque se determinó que no había parentesco entre sus miembros. Ello afectó a 197 adultos y 139 menores. Ello podía incluir también abuelos u otros familiares en casos donde no había prueba de un parentesco. Muchos de los que huyen de la pobreza y violencia en su lugar de origen están apurados y no llevan consigo actas de nacimiento ni documentos similares.
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