El proyecto de la Guardia Nacional tiene una contradicción: margina a las víctimas de militares.
De acuerdo con Valentina, quien se encuentra entre los ocho casos de “tortura sexual” cometidas por parte de las Fuerzas Armadas que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó durante los dos sexenios pasados, asegura que tener soldados en las calles da miedo en lugar de seguridad.
Incluso, el segundo visitador de la Comisión, Enrique Guadarrama, reveló que en dicho periodo (2006 a 2018) se emitieron tres recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y cinco más a la Secretaría de Marina (Semar) en donde se acreditaron agresiones sexuales.
“Es preocupante. En la tortura (practicada por militares) poco a poco se han venido presentando agresiones sexuales a mujeres. Si nosotros decimos que hay una recomendación es porque tenemos todas las evidencias para llegar a la conclusión de que se violaron derechos humanos.
«En estas advertencias se pide la atención a víctimas, determinar responsables, reparación del daño y dar seguimiento a las carpetas de investigación”, indicó Guadarrama en entrevista con Publimetro.
Era menor de edad… y la violaron.
En 2002, Valentina, con apenas 17 años, fue agredida sexualmente por ocho elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cuando lavaba ropa en un río ubicado en una comunidad del estado de Guerrero.
Ella fue golpeada y violada luego de no contestar preguntas de militares, debido a que hablaba tlapaneco. “Decenas de torturas y asesinatos han sido cometidos por militares desde hace años en zonas del país que han sido militarizadas, en donde se cometen desapariciones y agresiones sexuales, como fue mi caso».
“No nos están tomando en cuenta como víctimas que fuimos agredidas por militares. A nosotros nos causa mucho temor que estén libremente en las calles, no nos dan seguridad, al contrario, los militares han cometido muchas atrocidades”, indicó Valentina.
Este caso fue acompañado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la cual inició en 2003 una petición en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); sin embargo, la sentencia en contra de dos militares que la torturaron sexualmente se logró 15 años después, en junio de 2018. A ellos se les condenó a 19 años y cinco meses de prisión.
De acuerdo con Lucía Chávez, coordinadora del área de investigación de la CMDPDH, indicó que sólo una de las ocho recomendaciones emitidas por la CNDH (en donde se contabilizan nueve víctimas mujeres) no se cumplió.
“De 2007 a 2017 hubo 10 mil 764 denuncias contra militares y 2 mil 790 contra marinos; de éstas, sólo en ocho casos se comprobó que mujeres fueron víctimas de tocamientos. De todas las recomendaciones, sólo una no fue aceptada por la autoridad, los otros casos sí fueron reconocidos por las Fuerzas Armadas”, precisó.
La recomendación a la que se refiere es la 87/2011, la cual no fue aceptada por el gobierno de Baja California, pero sí por la Sedena, la cual refiere que “entre los días 17 y 31 de marzo de 2009 fueron privados de su libertad por órdenes de AR1 y AR2, el entonces secretario de Seguridad Pública y director de la Policía Municipal de Tijuana, Baja California, respectivamente, y trasladados a instalaciones militares del 28/o. Batallón de Infantería en ese mismo municipio, en las que permanecieron incomunicados y sufrieron agresiones físicas y psicológicas por parte de los elementos del Ejército Mexicano que los detuvieron y resguardaron”, dicta el documento con fecha del 16 de diciembre de 2011.
Guardia Nacional, un retroceso
Para la diputada federal de Movimiento Ciudadano Martha Tagle, la Guardia Nacional representa un retroceso y una “total simulación”, pues la corporación sigue siendo de tipo militar.
“Nosotros votamos en contra en lo general y particular porque sigue siendo una corporación de tipo militar. La dirección administrativa de la Guardia Nacional estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y el mando operativo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Estarán militares en las calles con funciones de seguridad pública. “Además, en el (artículo) 13 Constitucional se estableció que todos los integrantes de la Guardia Nacional tendrán fuero militar y en el texto actual le agregan ese párrafo, y aclara que sólo el fuero será para militares”, precisó la legisladora.
En tanto, la CNDH sostiene que el tema de seguridad pública en el país debe ser realizada por militares sólo en casos excepcionales, además de que, si incurren en algún delito, deben ser procesados en jurisdicción civil y no militar.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que tienen que ser los mandos civiles los que encabecen las acciones en materia de seguridad pública.
Los años no enseñaron que si esas labores las realizan las Fuerzas Armadas traen violaciones a derechos humanos.
“Los militares deben ser sometidos ante jurisdicción civil, esa parte ha sido claramente determinada, es algo que resolvió la CIDH y que ha asumido la CNDH; eso no está a discusión, deben de estar sometidos bajo jurisdicción civil”, sostuvo Guadarrama.
