La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las familias de los migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, tienen derecho a conocer el expediente de la investigación de este hecho, por lo que ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) dar acceso a los documentos.
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“El caso deriva del hallazgo en 2011, de por lo menos ciento veinte cuerpos sin vida, en diversas fosas clandestinas, ubicadas en el Municipio de San Fernando, Tamaulipas. Familiares de las víctimas solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) entre otros temas, se les reconociera su intervención en las investigaciones”, explicó la SCJN.
Sin embargo, esto fue rechazado por las autoridades federales, quienes presentaron varios juicios de amparo, tiempo después la Primera Sala les concedió la razón y ordenó a la PGR que les diera la categoría de víctimas, con lo cual se les daría acceso al expediente y copias solicitadas.
Un juez federal consideró que se cumplió con el mandato de la Corte, pero los solicitantes no estuvieron de acuerdo, por lo que se inconformaron en el Máximo Tribunal.
“La Primera Sala determinó que no se cumplió a cabalidad lo que se había ordenado, ya que el Ministerio Público entendió la solicitud de copias en el sentido más limitado posible, lo que es incompatible con los derechos de las víctimas, por lo que se ordenó la expedición de las copias de todas las constancias que integran la averiguación previa de origen, como fue ordenado en la sentencia”.
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