Las empresas del país planearon seis condiciones de inversión a Andrés Manuel López Obrador; que permitan cumplir y sacar el mayor provecho al acuerdo que firmaron en esta materia el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el gobierno federal, el 13 de junio pasado.
A través del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) –organismo de análisis del CCE– pidieron abrir los sectores de energía, educación, infraestructura, agua y saneamiento a la inversión privada nacional y extranjera; así como revertir la cancelación de licitaciones en Pemex.
Segundo, los miembros de la IP solicitaron reducir costos de operación para las empresas y personas; causados por la inseguridad pública, transporte de mercancías, regulación excesiva y problemas extorsión por parte de autoridades y mafias.
Tercero, pidieron evitar “cambios de mensaje” que generen confusión e inhiban la inversión como la cancelación de una nueva licitación –para octubre– que permitiría a Pemex buscar nuevos socios; decisión anunciada el mismo día en que se firmó el acuerdo entre el gobierno y el CCE.
Cuarto, el CEESP señaló que para concretar la colaboración de la inversión privada en los proyectos públicos –Tren Maya o las refinerías– es necesario que éstos cuenten con una evaluación del costo beneficio y que muestren su rentabilidad
“Eso último es un mandato de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es una práctica necesaria para evitar el desperdicio de recursos del estado en proyectos que no generen un valor presente neto en términos sociales”, puntualizó.
Colaboración empresas y Gobierno
En su quinta petición, el organismo de análisis del CEE subrayó que para garantizar la colaboración en Asociaciones Público Privadas es necesario que los riesgos se asignen de manera justa y correcta entre el gobierno y las empresas.
“Conviene subrayar este aspecto, ya que en México y en el mundo hay muchos casos donde el sector público y el contribuyente terminan adoptando riesgos en exceso; lo cual deriva en mayores costos, en proyectos donde la participación privada más bien ha disfrutado de los beneficios”.
Sexto, apuntó, “evidentemente debe existir un ambiente que incentive la inversión; por lo que se pondrá atención en elementos como reglas, mensajes claros y propósitos de representantes empresariales y públicos. Estos deben generen confianza y estabilidad para invertir”.
Ello, sin olvidar la necesidad de “un estado de derecho fuerte y eficaz; estabilidad macroeconómica; y compromiso para resolver, con estricto apego al marco jurídico, los obstáculos de ejecución que con frecuencia impiden la realización de proyectos de inversión”.
Acuerdo gobierno-CCE
El compromiso firmado entre el gobierno federal y Consejo Coordinador Empresarial (CCE), denominado Acuerdo para promover la inversión y el desarrollo incluyente, tiene los siguientes objetivos:
- Elevar la inversión en México hasta 25% del Producto Interno Bruto (PIB); 20% privada y 5% pública.
- Colaboración de la IP para que los proyectos del gobierno federal generen confianza; y permitan subir la inversión privada de 17.5% a 20% del PIB, en los próximos dos años.
- El sector empresarial también asume la responsabilidad de participar en proyectos oficiales; que hagan posible aumentar la inversión pública de 2.8% a 5% del PIB.
- Esto último, a través de la participación de las empresas en el diseño, financiamiento y construcción de los proyectos; así como en su desarrollo y mantenimiento.
