El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México “oculta” el número de recién nacidos que fueron rescatados en calles de la capital y que lograron ser canalizados a casas hogar, de acuerdo con información que Publimetro obtuvo vía Ley General de Transparencia.
Según la dependencia local sólo existen registros de casos ocurridos en 2018 y 2019; sin embargo, desconoce qué ocurrió con los bebés que fueron encontrados y rescatados por elementos la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Procuraduría General de Justicia (PGJ). Además, ambas corporaciones aseguraron tampoco contar con esta información.
“En el marco de las atribuciones otorgadas a esta Dirección Ejecutiva de la Procuraduría de la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad de México, le informo que en 2018 se registraron seis casos de recién nacidos que fueron canalizados a casas hogar con las que se han establecido convenios de colaboración, mientras que en 2019 sólo han sido dos; no se encontraron registros en los años anteriores”, respondió el DIF a este diario.
Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), aseguró en entrevista que esto podría tener consecuencias legales, pues se podría acusar una “omisión dolosa” por parte de las autoridades, ya que desde 2014 la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dicta que se tienen que tener estas cifras, pues de no hacerlo se vulneran los derechos de los menores de edad al desconocer su situación jurídica.
“Se requiere tener un directorio de cuántos niños están en cuidados alternativos (en centros), necesitamos saber su situación jurídica, si están en guardia retirada, si los padres perdieron la patria potestad o si están en adopción. Veo que hay un problema de corresponsabilidad entre autoridades. Es necesario que el DIF nacional tenga información de todo el país, pues los menores de edad se quedan en el limbo jurídico.
“Hay que destacar que el incumplimiento no es sólo administrativo, por lo que se podría acusar de omisión dolosa por parte de autoridades, pues hay dolo cuando intencionalmente no se hace el trabajo, pues no investigan. Los sistemas DIF están incurriendo en omisión al no tener el registro actual y público, deben permitir saber la situación de los niños, están obligados a responder”, indicó.
Juan Martín señaló la recomendación que hizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al estado de Sonora hace cuatro años, luego de que se descubrió que robaban niños y los vendían a Estados Unidos a través del DIF estatal y del hospital regional de la entidad, caso que se junta con otros más en donde la violencia, esclavitud y abuso sexual son una constante.
“Hay dos casos paradigmáticos: el primero es el de Mamá Rosa en Zamora, Michoacán, en donde en su albergue La Gran Familia estaban esclavizados 126 niños y adolescentes y sufrían maltratos; el segundo caso es el de la Ciudad de Los Niños en Salamanca, Guanajuato, en donde el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías estuvo señalado de dirigir albergues en donde presuntamente hubo violaciones a menores de edad y embarazos adolescentes, pero lo han protegido y lo mantienen en la impunidad”, puntualizó.
Obligación, transparentar información
Mauricio Tabe, vicepresidente de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso de la Ciudad de México, aseguró que es obligación de las instancias gubernamentales transparentar esta información, y enfatizó que sería aún más grave que no sólo la ocultaran, sino que no la tuvieran.
“Es obligación de la autoridad hacer pública la información sobre los menores de edad, se debe preguntar por qué se esconde, porque esa información ahí está y no es patrimonio de las dependencias.
“Le decimos al gobierno que cumpla su responsabilidad, que documente estrictamente la información y que la haga pública. Sería gravísimo que la tuvieran pero no la compartieran, pero sería doblemente grave que no la tengan, pues reflejaría un caos en la forma de operar de nuestras instituciones de gobierno”, advirtió.
¿Qué pasa con un niño luego de rescatarlo?
Luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acuden al lugar en donde se registró el abandono, el menor de edad es llevado a la agencia 59 del Ministerio Público, en donde se abre una carpeta de investigación y la Procuraduría de la Niñez analiza si el infante es candidato a ingresar a un centro, así como las medidas de protección.
José Galileo de López, director del Centro de Estancia Transitoria para Niños y Niñas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX), indicó en entrevista que actualmente tienen 68 niños en la estancia, –la capacidad máxima es de 80– en donde a todos se les realiza una valoración médica, psicológica y multidisciplinaría previo a que ingresen a la estancia.
“Nosotros recibimos niños de entre cero y 12 años, pero la mayoría de los niños que tenemos tienen entre cero y dos años. El inmueble cuenta con áreas de cuneros, maternal, preescolar y escolares, así como servicios de odontología, psicología, computación, ludoteca y zona de esparcimiento, en donde el personal trabaja las 24 horas del día.
“Tenemos casos de niños que llegan con abuso sexual o víctimas de alguna comisión de un delito, así como con analfabetismo, menores de edad que nunca han ido a la escuela, por lo que aquí lo enseñamos a escribir y a leer; es un proceso de regularización”, puntualizó.
Sobre el tiempo que pasa un niño en el centro, Galileo de López aseguró que puede tardar días o meses, depende la situación, pero que no deberían de estar mucho tiempo ya que es una estancia transitoria; sin embargo, hay un caso de un menor de edad que ya cumplió más de un año en las instalaciones de la PGJ.
“Los egresos de los niños varían dependiendo de los casos, pues eso lo determinan las medidas de protección, si existe la localización de los familiares o si hay un acogimiento familiar; el DIF es el que hace la búsqueda y el seguimiento, es el ente que está determinado para ello”, señaló.
