El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) van contra los proveedores, contratistas y funcionarios del gobierno corruptos; que simulan y engañan a la autoridad e incurren en los delitos de evasión y elusión fiscal.
Para tal efecto, ambas instituciones firmaron un convenio que permite el intercambio de información fiscal y patrimonial e, incluso, abrir el secreto fiscal para comprobar los actos ilícitos de los involucrados; lo cual permitirá detectar las operaciones que usan para dañan las finanzas públicas.
- También te puede interesar: Función Pública inhabilita a farmacéutica por irregularidades
La titular del SAT, Margarita Ríos-Farjat, informó que la fiscalización a los proveedores, contratistas y funcionarios irá desde el cumplimiento de sus impuestos y la declaración patrimonial, hasta fondos, fideicomisos y movimientos sofisticados que montan para beneficiarse de licitaciones, obras y compras de gobierno.
Por su parte, la secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, señaló que las operaciones de lavado de dinero, donde se inscribe dicha corrupción institucional o de gobierno cuesta al país entre 20 mil y 30 mil millones de dólares anuales; cifra que habla de la importancia de combatir dicho problema.
Refirió que, para dimensionar el daño que causan la evasión, elusión, la simulación de contratos y la integración de fondos y fideicomisos públicos, basta decir que México es el tercer país que exporta más capitales ilícitos al mundo; sólo detrás de China y Rusia que lideran la lista negra en delitos financieros y fiscales a nivel global.
