En 2017 salió a la luz una de las investigaciones periodísticas más ambiciosas de la historia reciente de México conocida como la Estafa Maestra, misma que ahora vuelve a la coyuntura nacional tras la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) para abrir proceso a una de las presuntas implicadas: Rosario Robles.
La Estafa Maestra reveló que el gobierno federal utilizó 186 compañías para desviar siete mil 670 millones de pesos de contratos que violaron la Ley General de Adquisiciones que fueron reportados en las Cuentas Públicas correspondientes a 2013 y 2014, pero entregados a empresas fantasma.
En el desvío habrían participado directamente 11 dependencias federales y la modalidad que se usó fue que pagaron a universidades para contratar supuestos servicios y estas, a cambio de una comisión de mil millones de pesos, entregaron ese dinero a empresas fantasmas e ilegales.
Dos de las dependencias involucradas son: la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en el periodo a cargo de Rosario Robles; Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), con Alfredo del Mazo.
La SEP en el periodo de Emilio Chuayffet; Petróleos Mexicanos (Pemex), con Juan José Suárez y Felipe Calderón como presidente de la República, y continuaron en la gestión de Emilio Lozoya, así como el FOVISSSTE, en la administración de José Reyes Baeza Terrazas, entre otras.
A través de solicitudes de información, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, así como Animal Político, se dieron a la tarea de documentar que las direcciones de las empresas supuestamente involucradas eran domicilios particulares, habitaban personas que habían sido engañadas para firmar documentos y hacerlos pasar por dueños de una empresa, así como sitios fantasma.
El avance
A dos años de presentar todo este compilado de maniobras ilegales y presuntos desvíos, la Auditoría Superior cuenta con 32 denuncias penales ante la Fiscalía de Delitos contra la Administración de Justicia, en contra de la Sedesol y Sedatu, así como contra universidades públicas por su actividad irregular de 2014 y hasta 2019.
Sin embargo, el citatorio de Robles Berlanga entregado el pasado lunes, es el primero que se gira a un ex secretario de Estado para que se presente ante un juez a dar cuenta de lo ocurrido y las supuestas irregularidades encontradas. Mientras que otros funcionarios han librado los procesos en los últimos meses.
Robles encabezó la Sedesol cuando se entregaron dos mil 224 millones de pesos a universidades para hacer servicios de la Cruzada Nacional contra el Hambre entre 2013 y 2014, que no se cumplieron.
Cuando la funcionaria pasó a la Sedatu, el esquema se repitió con otras universidades, según en el ejercicio de 2016 que revisó la Auditoría Superior en la Cuenta Pública.
El 8 de agosto se realizó la audiencia inicial ante el juez de control en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México. Y ya que el delito que se le imputa a la ex funcionaria–ejercicio indebido del servicio público– no amerita prisión preventiva será decisión del juez vincularla a proceso y permitirle seguirlo en libertad.
Sin embargo no ha sido hasta este 19 de agosto de 2022, cuando la exfuncionaria Rosario Robles Berlanga salió del penal de Santa Martha Acatitla para llevar su proceso fuera y aseguró que era inocente.
“Estoy absolutamente dispuesta a comparecer con las autoridades competentes”, declaró ante los medios que se encontraban fuera del recinto esperando a la salida de la exfuncionaria.
Los implicados
El grueso de los contratos fue asignado por la Sedesol, Pemex y Banobras, aunque se comprobó también la participación de ocho dependencias más, teniendo al frente a funcionarios que podrían ser llamados igualmente a declarar:
- Secretaría de Agricultura- Enrique Martínez y Martínez
- Instituto Nacional para la Educación de los Adultos- Alfredo Llorente Martínez
- Registro Agrario Nacional- Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez
- Secretaría de Comunicaciones y Transportes- Gerardo Ruiz Esparza
- Secretaría de Economía- Ildefonso Guajardo
- SEP- Emilio Chuayffet
- FOVISSSTE- José Reyes Baeza Terrazas
- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- Rosario Robles
Las universidades involucradas son:
- Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT)
- Universidad Autónoma del Estado de Morelos
- Universidad Autónoma del Carmen (Campeche)
- Universidad Popular de la Chontalpa (Tabasco)
- Universidad Juárez Autónoma (Tabasco)
- Politécnica del Golfo de México (Tabasco)
- Instituto Superior de Comalcalco (Tabasco)
- Universidad Tecnológica de Tabasco
