El endurecimiento de las leyes vinculadas con delitos fiscales, presume una persecución política y afectación a pequeños empresarios, coincidieron expertos consultados por Publimetro.
El doctor en derecho constitucional por la UNAM, José Oscar Valdés comentó que el hecho de tipificar los delitos fiscales como delincuencia organizada o de riesgo a la seguridad nacional “lleva dedicatoria” por dos vías.
La primera es en contra de las grandes empresas que por años han evadido impuestos a través de la emisión de facturas falsas sobre operaciones inexistentes, sobretodo las que han fungido como proveedores en el servicio público.
“Hay cinco empresas en este país que facturan 1.5 billones de pesos y le roban al fisco, prácticamente prestadores de servicios. Son transnacionales que han estado cobrando facturas a nacionales y no han pagado un sólo peso de impuestos y se rasgan las vestiduras”, acotó en una entrevista con este diario.
En ese propósito, dijo, también entran los opositores a las políticas de la actual administración que bien pueden ser todo tipo de compañías privadas —incluidos medios de comunicación o periodistas—; legisladores, gobernadores, presidentes municipales u otros funcionarios públicos; así como médicos, abogados u otros profesionistas que están involucrados con operaciones comerciales.
La segunda es para dar más dientes o facultades al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para elevar la recaudación y obligar a pagar a los evasores de siempre.
El constitucionalista abundó que el endurecimiento de las penas no debería ser un temor para los contribuyentes cumplidos, sólo ser más cuidadosos en sus operaciones y declaraciones.
Sin embargo, reconoció que al no especificar quiénes serán los principales perseguidos, se abre la puerta a que todos los contribuyentes sean susceptibles de cacerías, por lo que las leyes secundarias que acompañen la reforma penal fiscal tendrán que ser muy cuidadosas.
A decir del senador por el PRD, Miguel Ángel Mancera, las leyes deberían estar dirigidas a quienes se dediquen a fabricar, vender y enajenar facturas falsas, pero no hacia todos los contribuyentes como se delimita en la modificación al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, donde dice que todos los delitos fiscales serán considerados en este nivel como lo son el terrorismo o la traición a la patria.
Los pequeños empresarios
El dictamen aprobado el martes en el Senado y que será discutido en la Cámara de Diputados contempla cambios a la Ley Federal de Delincuencia Organizada, en donde se adiciona la fracción VIII Bis al artículo 2, para tipificar defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada como delincuencia organizada, cuando el monto de lo defraudado supere tres veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, es decir que el monto sea mayor a los siete millones 804 mil 230 pesos.
Al respecto, el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), Cuauhtémoc Rivera explicó a Publimetro que hasta 20% de sus agremiados, 15 mil 200 aproximadamente, se verían afectados con las nuevas reglas en materia fiscal.
La razón es que han logrado escalar de pequeños negocios de abarrotes a los minisuper que les permiten facturaciones más robustas (que pueden rondar los ocho millones de pesos) y por tanto quedar bajo la lupa de las autoridades hacendarias.
De ahí que la Anpec se sume a las voces de no meter todos los delitos fiscales como actos de delincuencia organizada en un afán de elevar la recaudación fiscal.
Agregó que no sólo se trata de perseguir delitos, sino que producto del rastreo de operaciones ilícitas y recuperación de recursos haya inversión pública o programas en beneficio de la sociedad.
Durante la discusión en el Senado, la legisladora por Morena, Freyda Marybel Villegas Canche apuntó que de 2014 a junio de 2019 se ha identificado a cerca de nueve mil empresas que facturan operaciones simuladas, realizando más de ocho millones de documentos falsos, que suman 1.6 billones de pesos. Esto implica una evasión de 354 mil millones de pesos, lo que representa 1.4 del PIB.
Eco a inversionistas
Para el profesor emérito del Tecnológico de Monterrey, Raymundo Tenorio Aguilar, los cambios a las leyes referidas no inhibirán en gran medida la inversión privada a menos que se traduzca sólo en persecución. Manifestó que incluso alertaría a quienes han incurrido en acciones de lavado de dinero para que frenen tales acciones o ‘se cuiden’.
Pero sí advirtió que los contribuyentes comunes o personas físicas no tienen de qué preocuparse, pues ante posibles errores contables tienen derecho a audiencias y protección por parte de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).
Ruta legal
El legislador Miguel Ángel Mancera, también integrante del grupo político Futuro 21 (PRD-PAN-MC), detalló que una de las rutas legales para frenar las reformas será esperar su aprobación y promulgación para promover su inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), puesto que no se espera que cambie el resultado de los dictámenes en los debates que ocurran en San Lázaro.
Sin embargo, el grupo buscará apoyos en las bancadas de oposición como la del Verde Ecologista, PRI y PT; en incluso algunos de Morena, fuerza política que tiene mayoría en ambas cámaras legislativas y promueve los cambios en materia penal y fiscal.
Mientras que el abogado José Oscar Valdés auguró una ola de amparos ante posibles abusos legales en contra de los contribuyentes.
El debate legislativo
Cambios:
- La reforma entraría en vigor el 1 de enero de 2020.
- Las conductas cometidas antes de que se aplique la reforma fiscal penal se continuarán investigando, juzgando y sentenciando.
- A quienes expidan facturas falsas hasta por aproximadamente ocho millones de pesos no aplicará la prisión preventiva oficiosa ni serán tratados como delincuentes o crimen organizado.
Lo que permanece:
- Se considerará amenaza a la seguridad nacional el fraude al fisco.
- Se busca ir por el beneficiario final.
- Sanciones de cinco a ocho años de cárcel para quien compre una factura falsa.
- Protección a personas que ayuden en la investigación (testigos protegidos).
