Tras la aprobación de la despenalización del aborto en el estado de Oaxaca en septiembre pasado, ocho legislaturas estatales más buscan reducir la mortandad en mujeres que realizan esta práctica desde la ilegalidad.
De acuerdo con el último conteo de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) en 2016 del Inegi, anualmente cerca de 94 mil 561 mujeres no concluyen su embarazo de manera inducida o espontánea en el país.
Mientras que, según estadísticas de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), 17.2 mil realizan esta práctica de manera legal en la Ciudad de México en promedio cada año, por lo que hay un vacío de 81% de los casos de aborto que suceden en estados donde está penalizado de forma voluntaria.
Los estados en donde el tema de la despenalización sigue sobre la mesa son:
- Coahuila (En pausa)
- Guanajuato (En pausa)
- Hidalgo (En debate)
- Estado de México (En debate)
- Michoacán (En debate)
- San Luis Potosí (En pausa)
- Quintana Roo (En pausa)
- Tlaxcala (En discusión)
Aún existen muchos vacíos legales y de estadísticas sobre este tema en el país; sin embargo, en la Ciudad de México, único lugar donde era legal hasta septiembre pasado, la tasa de mortandad por este procedimiento se han reducido según las estadísticas de Semujeres.
Los riesgos de la ilegalidad
«La diferencia entre planeación familiar y su seguridad, provienen de las prácticas controladas, humanas, salubres y cercanas», comentó Mauricio Rangel Sánchez, médico especialista en medicina reproductiva, obstetricia y planificación familiar de la clínica Medical Center Fem.
Indicó que sea porque hayan sido madres, o porque aún no desean serlo, en la actualidad existen diversos métodos para lograr una planificación familiar segura y eficaz y que sea adecuado para las personas que estén en pareja o no.
Mujeres de escasos recursos, las más vulnerables
La interrupción legal del embarazo, es una práctica que se realiza en mayor medida en mujeres en su mayoría con un alto grado de instrucción académica, de niveles socioeconómico del segmento ABC+, C en un rango de edad de entre 25 a 35 años, según la Enadih.
Por lo que los segmentos de menos recursos son los que menos acceden a la interrupción legal del embarazo, aunque el sistema de salud público de Ciudad de México posee clínicas para hacerlo, sea por desconocimiento, o por desconfianza al mismo.
Rángel Sánchez destacó que este proceso hace que exista una proliferación de malas prácticas y clandestinidad en las mismas. Y si lo extrapolamos a los Estados donde la interrupción del embarazo no es legal, esas cifras aumentan exponencialmente, lo que impide, por razones obvias, obtener cifras fidedignas.
