Este miércoles el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz y el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, acudieron al Senado de la República para hablar sobre la reforma al sistema judicial, aunque en un inicio se había dicho que sería la presentación oficial, no fue así, esto ocurrirá hasta el próximo periodo ordinario de sesiones.
De acuerdo con el diario El País, los puntos centrales giran en torno a que los jueces y magistrados podrán ser juzgados penalmente por corrupción si se detectan conductas irregulares durante su labor en los tribunales especializados.
También se contempla la creación de un código penal único, ya que actualmente cada una de las 32 entidades tiene el suyo, lo cual define y sanciona de forma distinta diversos delitos, como el feminicidio.
También se realizarían modificaciones a la Constitución, Código Penal, Código de Procedimientos Penales, Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, esto causa polémica en varios sectores judiciales sobre la presunción de inocencia y la labor de los jueces.
Esto es específicamente en la figura del arraigo, ya que aunque sólo está contemplado para integrantes de la delincuencia organizada, con los cambios se aplicaría para todos los delitos; también se establece la “presunción de responsabilidad”, la cual podría señalar a alguien como responsable si se niega a participar en una investigación o peritaje.
Además, las pruebas que se consigan de forma ilícita no serían descartadas automáticamente, éstas podrían rectificarse bajo el criterio del juez.
También se establece una reorganización de la FGR respecto a las disposiciones sobre la Guardia Nacional y la extinción de dominio, incluso la Fiscalía podría solicitar su propio presupuesto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y no depender de lo que le asigne el Ejecutivo.
Finalmente, según los borradores que circularon, otro punto polémico son los supuestos para poder intervenir llamadas telefónicas y para que las compañías telefónicas entreguen información sobre sus usuarios, principalmente si cometieron delitos electorales y fiscales.
(Con información de El País)
