Un juez otorgó este miércoles una suspensión definitiva al amparo presentado por Greenpeace en contra de la nueva política sobre energía eléctrica del gobierno mexicano, la cual limita a las energías renovables.
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La audiencia incidental se llevó a cabo el martes en la Ciudad de México, pero el sismo de magnitud 7.5 que sacudió el sur y el centro de México, retrasó un día la salida del acuerdo.
El juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez, concedió la suspensión a la citada organización y al Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
«El juez priorizó el empleo de energías renovables, ya que con la nueva política se da prioridad a las convencionales (fósiles) en detrimento de las renovables», apuntó en entrevista con Efe María Colín, especialista en derecho ambiental de Greenpeace México.
También señaló que «el uso de energías renovables permitirá mejorar la calidad de vida de las personas al mejorar la salud de la población y preservar un medioambiente sano, principal alegato de Greenpeace».
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Además, la abogada relató que el juez dijo que las autoridades federales «no han aportado suficiente evidencia» para decidir que la suspensión de los acuerdos reclamados en el juicio «afectan la seguridad energética del país».
La conseguida por Greenpeace y Cemda fue la segunda suspensión definitiva contra la nueva política eléctrica del gobierno mexicano.
La primera ocurrió hace dos semanas cuando un juez federal otorgó suspensión definitiva contra la nueva política de la Sener a la asociación civil Defensa Colectiva.
La nueva política eléctrica del Gobierno mexicano está cifrada en el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), emitido el 29 de abril, y en la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), publicada el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación.
Ambas se dieron con el argumento de garantizar la estabilidad del SEN en la crisis sanitaria del coronavirus y frenaron pruebas en plantas de energías renovables, pero se reactivaron tras impugnaciones de las empresas privadas.
Colín dijo que con la suspensión definitiva se espera que las autoridades federales reconsideren sus determinaciones y busquen mejores alternativas, respetuosas con el medio ambiente y los compromisos de transición energética.
Además de la reducción de emisiones contaminantes en línea con las obligaciones de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para abatir el cambio climático.
En un comunicado, el Cemda señaló que para gozar del derecho al medioambiente sano y respirar aire puro se necesita «un cambio en la política energética que apoye las energías renovables con respeto a los derechos humanos».
Recordó que para este año se destinaron el 95.7 por ciento de los recursos de la Sener a la explotación de fuentes fósiles, frente a la asignación de tan solo 1.3 por ciento a actividades que permiten lograr una transición energética en México.
La política de la Sener y el acuerdo del Cenace ponen en peligro 44 mil millones de dólares de inversión y 81 mil 500 empleos en el país, de acuerdo con las asociaciones de compañías energéticas en México.
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