MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha condenado este jueves la «ola represiva» que tuvo lugar el pasado martes ante las protestas por la muerte del joven negro Hansel Hernández a manos de la Policía, una jornada que se saldó con cerca de 80 detenidos, entre disidentes y activistas, incluido el destacado opositor José Daniel Ferrer.
El OCDH ha acusado al presidente y al primer ministro de Cuba, Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero, respectivamente, de lanzar una «ola represiva» contra disidentes, activistas y periodistas «para evitar las protestas pacíficas contra la violencia policial y el racismo convocadas tras la muerte del joven negro Handel Hernández».
Solo durante el 30 de junio, cuando estaban previstas manifestaciones en La Habana y otras ciudades por la muerte de Hernández, hubo al menos 78 «detenciones arbitrarias» y otras 146 personas, entre ellas varios periodistas, fueron «sitiados en sus casas bajo vigilancia policial». También hubo «otros tipos de hostigamientos», ha asegurado.
«Estas acciones del Gobierno contra la oposición y la sociedad civil ocurren en medio de un clima de represión e intimidación más amplio, que incluye centenares de procesos judiciales ejemplarizantes contra ciudadanos por supuestos incumplimientos de las medidas de aislamiento social», ha indicado.
Además, la plataforma opositora ha llamado la atención sobre el hecho de que «esta circunstancia ha sido aprovechada por el Gobierno para volver a imponer el permiso de salida del país, como ha anunciado el Consulado de España en La Habana».
«Condenamos la violación generalizada de los Derechos Humanos que se está viviendo en Cuba. No es justo que el país sea rehén de la voluntad de unos cuantos, sin importar el sufrimiento, el agobio y la falta de esperanza con que vive la mayoría», ha dicho el OCDH en un comunicado.
A este respecto, ha señalado que solo durante el mes de junio se produjeron 437 «acciones represivas», de las cuales 161 fueron «detenciones arbitrarias» y 28 citaciones. Asimismo, ha subrayado que al menos 16 guardan relación con el Decreto-Ley 370, que «amenaza con multas y prisión a los activistas por sus publicaciones en Internet».
El OCDH también ha resaltado el caso del periodista cubano Jorge Enrique Rodríguez, corresponsal en La Habana del diario español ‘ABC’ y del ‘Diario de Cuba’, que está detenido desde el domingo y «pendiente de juicio».
La mayoría de los detenidos durante las redadas policiales del 30 de junio fueron liberados horas después, entre ellos Ferrer, uno de los rostros más conocidos de la oposición cubana.
«Exigimos al Gobierno de Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero Cruz que ponga fin a la represión y que inicie las reformas profundas e integrales que los cubanos necesitan», ha reclamado el Observatorio.
PROTESTAS RACIALES
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado igualmente «los graves hechos de violencia y las detenciones arbitrarias» del 30 de junio en Cuba y ha instado a las autoridades cubanas a liberar a todos los arrestados.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha denunciado «la detención, el hostigamiento, el despliegue de efectivos y la restricción del acceso a Internet contra periodistas».
En concreto, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, ha criticado «la doble moral del Estado cubano, que pretende acallar en su suelo situaciones similares que condena de manera intensa cuando suceden en otros países».
El caso de Hernández, que murió el pasado 24 de junio al ser abatido a tiros por la Policía, ha tenido una gran repercusión en Cuba en el contexto de la reactivación de las protestas raciales en Estados Unidos por la muerte del afroamericano Geroge Floyd a manos de un agente blanco.
Según la versión del Ministerio de Interior cubano, Hernández fue sorprendido por dos agentes cuando estaba robando unas piezas en un aparcamiento de autobuses del municipio de Guanabacoa. El joven, de 27 años, se dio a la fuga y lanzó piedras a los policías, uno de los cuales «debido al peligro para su vida por la magnitud de la agresión» le disparó provocando su muerte. El Gobierno ha enfatizado que tenía antecedentes por amenazas, «abusos lascivos» y robo con violencia y estaba en libertad condicional.
