La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no ha brindado atención especializada ni la reparación integral del daño a las víctimas en este 2020, de acuerdo con información de la Dirección General de Evaluación y Consolidación, consultados por Publimetro.
Según los datos sobre la implementación del Modelo Nacional de Atención Integral de Víctimas, éste debe de brindar una “prestación integral, diferencial y especializada de las medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas de delitos del fuero federal y violaciones a derechos humanos”.
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Sin embargo, según documentos oficiales, no existe un avance en la implementación de estas medidas en los 32 Centros de Atención Integral que existen en todo el país, “dado que la implementación del MNAIV dio inicio durante 2020”.
“No se ha generado o actualizado en el periodo un catálogo de programas, servicios, apoyos, entre otras medidas, que puedan brindarse a las víctimas por parte de las instancias que conforman al Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) y de dependencias estatales o municipales”, se lee en el documento de la Dirección General de Evaluación y Consolidación.
Además, existe un señalamiento de organizaciones de derechos humanos, que denuncian que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas padece una profunda discrecionalidad, improvisación y burocratización de procedimientos.
De acuerdo con el documento Paquete Económico 2021. Análisis con enfoque de derechos y lucha contra las desigualdades, realizado por Fundar, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, contempla una disminución presupuestal para la CEAV de 2%, en relación al de 2020 -36 millones de pesos menos–
También señalaron que una de las deficiencias del sistema es el área de asistencia legal, pues hasta el año pasado, el CEAV contaba con 152 asesores jurídicos que atendían, en promedio, 105 expedientes o casos de víctimas de delito o violaciones a derechos humanos.
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Rodrigo Brito, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, señaló que es preocupante la forma en que ha funcionado la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues incluso ha quedado acéfala tras la renuncia de la ex titular, Mara Gómez, quien dimitió luego de los señalamientos de colectivos de víctimas que acusaban no recibir apoyo del organismo.
“Las estrategias para lograr que esas violaciones a derechos humanos sigan sucediendo han quedado cortas en este gobierno. Hay problemas de fondo en la Comisión, e incluso se discute el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI)”, indicó el experto, al referirse al dictamen que pretende desaparecer el fideicomiso para brindar asistencia y reparación integral de las víctimas.
“El dictamen emitido por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, impulsado por el grupo parlamentario del partido Morena –en el que se pretende reformar y derogar diversas disposiciones relacionadas con decenas de fideicomisos públicos– incluyó, de último minuto, sin ser sometidas a un ejercicio de parlamento abierto, reformas y derogaciones a la Ley General de Víctimas (LGV) que, en caso de aprobarse, representarían un retroceso y la suspensión de los derechos por los que las víctimas han luchado durante la reciente década.
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