Bajo el esquema de outsourcing ilegal trabajan, al menos, 2.9 millones de personas en México, informó la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde.
Indicó que la iniciativa para “desaparecer” la tercerización o subcontratación de personal (outsourcing), anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, obedece a que el fenómeno y los abusos cometidos contra los trabajadores son persistentes.
“Una de las principales problemáticas, en materia de subcontratación, es que no se tiene la certidumbre de cuántas empresas subcontratan. Podemos tener estimados; tenemos que cerca de cuatro millones y medio están en un modelo de subcontratación.
“Y de estos, cerca de 2.9 millones estarían en un esquema de subcontratación ilegal; pero creemos que este número es incluso inferior a lo que pudiera ser y pudiera ser más grande”, señaló la secretaria del Trabajo.
Durante una conferencia de prensa, indicó que ubicar a las empresas que practican la subcontratación ilegal es lo más difícil; porque éstas aparecen en el SAT “con ciertos nombres y hay muchas que se diversifican”.
Claves de la reforma al outsourcing
Luisa María Alcalde refirió que, en breve, el presidente López Obrador anunciará una reforma al Artículo 15 A del Ley Federal del Trabajo, donde actualmente se regula los esquemas de tercerización de personal.
Aseveró que el outsourcing es un “monstruo de mil cabezas” cuyas afectaciones y abusos persisten; “por lo cual tenemos que atenderlo y se estará presentando una iniciativa que atienda a esta problemática”.
Al referirse a las acciones realizadas por las autoridades para detener la tercerización ilegal, la funcionaria dijo que han realizado varios operativos; donde en una misma empresa tiene hasta 13 empresas pagadoras; las cuals “se van turnando, tres meses paga una, tres meses paga otra y tres meses otra”.
Ello, sin contar el subregistro o subdeclaración de cuotas y salarios en el IMSS; práctica donde las empresas registran a sus empleados con un salario mínimo y en realidad estos reciben un sueldo de 15 mil pesos; lo cual también afecta a la Hacienda pública y hasta puede estar vinculado al lavado de dinero.
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