MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
La Comisión Nacional de Búsqueda de México (CNB) ha denunciado la existencia de al menos 82.881 casos de personas desaparecidas, cifra que contrasta con la de las 35 sentencias condenatorias de primera instancia por los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, de lo que se desprende que hay un nivel de impunidad del 99 por ciento.
Por regiones, los estados con mayor número de personas no localizadas son Jalisco, con 11.503; Tamaulipas, con 11.344, y Estado de México, con 8.777, según datos recogidos por el diario mexicano ‘El Universal’.
Solo en lo que va de 2021, han desaparecido 96 personas. El 2019 fue el año en el que se denunciaron más desapariciones, 8.970, todo ello a pesar de que la desaparición es un tipo penal incluido en la Ley General de Desaparición Forzada de 2017.
Antes de la publicación de esta norma, la desaparición en sí no era considerada delito, pero incluso ahora, tras la victoria que supuso para las asociaciones y familias de desaparecidos la aprobación de esta ley, denuncian que las investigaciones logran escasos o nulos avances y no hay detenciones ni reparación.
«Las familias investigamos y buscamos. Les entregamos toda la información sobre nuestros casos y ellos no nos dan respuesta. Tenemos que estar detrás de ellos para que hagan su trabajo», han apuntado miembros del Colectivo Una Nación Buscando T.
En diciembre, la CNB expresó su oposición a la iniciativa de ley orgánica de la Fiscalía General de la República presentada en el Senado y que pretende sacar a la fiscalía del Sistema Nacional de Búsqueda por considerarla «un retroceder en la impartición de justicia y transparencia en un país con 98% de impunidad de los delitos que se denuncian, ni siquiera de los que suceden».
IMPLICACIÓN DE LA FISCALÍA
Incluso las exiguas 35 sentencias son objeto de crítica, ya que no todas son de la Fiscalía General, sino que se trata de sentencias entre autoridades federales y locales. «Muchos casos de desapariciones tienen que ver con delincuencia organizada, lo que corresponde a la Fiscalía General de la República, pero que se quedan en jurisdicción local, estatal», ha explicado Karla Quintana, comisionada de búsqueda nacional.
La postura de la Comisión Nacional de Búsqueda es que la fiscalía no puede aislarse del resto de las instituciones, pues necesita seguir trabajando en coordinación con los miembros del Sistema Nacional de Búsqueda.
«Tenemos una grave crisis en materia de desaparición y la única manera de empezar a dar respuesta a las víctimas es trabajando de manera conjunta y no dividiendo», ha apuntado.
«La ley es muy clara en el hecho de que se tiene que compartir información con todas las autoridades que tengan elementos que puedan incidir en la búsqueda. La razón de la Fiscalía de no querer compartir información es porque, en muchos casos de los que tenemos conocimiento, hay muy poco o nulo avance en las carpetas de investigación», ha añadido Quintana en una entrevista con el diario ‘El Universal’.
«Las fiscalías y las procuradurías no han sabido o no han podido dar respuesta a la búsqueda de personas. Tenemos que ver cómo operamos un sistema de manera coordinada, en igualdad de circunstancias con los recursos. Falta empezar a tener una discusión abierta sobre un sistema de justicia más integral», ha remachado.
