El gobierno de Quintana Roo pagó 142 millones de pesos a una empresa para, supuestamente, gestionar la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR), un servicio que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) le pudo haber hecho gratis.
Entre 2017 y 2019, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Quintana Roo pagó estos 142 millones a la empresa RP Servicios y Capital Humano S.A. de C.V. para que se encargara de realizar los trámites de devolución del ISR a los trabajadores del estado.
Lo anterior lo informó el colectivo ‘Somos tus Ojos. Transparencia por Quintana Roo’, quienes a través de una investigación documentaron que dicha empresa fue creada el 15 de agosto de 2015, y, prácticamente sin ninguna experiencia fue beneficiada con tres contratos.
En su página de internet, RP Servicios y Capital Humano S.A. de C.V. se presenta como “una empresa mexicana con cuatro años de experiencia en áreas como mercadotecnia, capacitación de personal, administrativa, publicidad, ambientación y diseño comercial”; sin embargo, el gobierno de Carlos Joaquín González la contrató para realizar el trámite de devolución del ISR.
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De acuerdo a la solicitud de información 00159820, en el 2017 la Sefiplan pagó a la empresa 10 millones 801 mil 698 pesos; en el 2018, 77 millones 625 mil 439 pesos; y en el 2019, pagó 53 millones 604 mil 699 pesos, lo que hace un total de 142 millones de pesos en los tres años.
Estos contratos fueron firmados por autoridades de la Sefiplan mientras que por parte de la empresa firmó Héctor Augusto Serrano Cruz, en su carácter de apoderado legal, quien antes era secretario particular del presidente municipal de Tlalnepantla, Estado de México.
En una nota publicada por el sitio Conexión Sinaloa, se señala que Héctor Augusto Serrano Cruz figura también como apoderado legal de otra empresa denominada Organización de Comercios Moringa SA de CV, con las mismas características que RP Servicios y Capital Humano S.A. de C.V.
Servicio gratuito
El 18 de junio de 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió un comunicado en el que recordó que desde enero del 2015 las entidades federativas y los municipios, en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, reciben el 100% de la recaudación del ISR, correspondiente al salario del personal que labora en las dependencias de dichos órdenes de gobierno.
La dependencia explicó cuál es el procedimiento para acceder a este beneficio, y destaca: “es importante mencionar que estos procesos y trámites no generan ningún costo para las entidades federativas o sus municipios. Tampoco es necesario el apoyo de intermediarios, como podrían ser despachos y/o empresas privadas, que ofrezcan servicios para la realización de dichos trámites.”
Además, señaló ‘Somos tus Ojos. Transparencia por Quintana Roo’, la SHCP reiteró que la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, así como las demás involucradas de la propia Secretaría y del SAT están en la mejor disposición de apoyar en el trámite y procedimientos correspondientes a todas las estados, así como a los municipios que requieran asesoría, a efecto de obtener la participación de la recaudación del ISR.
“Sin embargo, al parecer el contador Carlos Joaquín González, prefirió contratar a una empresa de reciente creación, que lo mismo se dedica a la recuperación del ISR que a la mercadotecnia, la ambientación y la publicidad. Carlos Joaquin, como lo hizo el exgobernador Roberto Borge, ha contratado múltiples empresas a las que les ha pagado cientos de millones de pesos por la prestación de servicios intangibles e injustificables, RP Servicios y Capital Humano S.A de C.V. es solo una de ellas”, precisa la investigación.
De igual forma, señala el trabajo de investigación, al igual que Roberto Borge, Carlos Joaquín pretende continuar endeudando al estado, pues a los préstamos a corto plazo que ha solicitado y los cuales no está liquidando, el 15 de diciembre pasado, el gobernador envió una iniciativa con proyecto de decreto al Congreso, que fue aprobada, para que le autorice la contratación de deuda por 820 millones de pesos para supuestamente destinarlos a obra social en comunidades rurales.
Al inicio de 2021, la SHCP colocó a Quintana Roo como el único estado en semáforo rojo por su alto endeudamiento frente a los ingresos de libre disposición; es decir, Quintana Roo tiene ya una deuda muy elevada, de aproximadamente 20 mil 446 millones de pesos, y dispone de poco dinero para pagarla.
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