MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
La Autoridad Palestina ha reclamado este jueves a la comunidad internacional la aplicación de sanciones contra Israel por la demolición de viviendas en la comunidad de Jirbet Hamsa al Fauqa, situada en Cisjordania, concretamente en el valle del Jordán.
El Ministerio de Exteriores palestino ha resaltado que las demoliciones son las segundas en 48 horas y ha resaltado que se trata de «un crimen de guerra y contra la Humanidad que revela la mentalidad del colonialismo, el racismo y el odio que domina al régimen que gobierna en Israel».
«Lo que las fuerzas de ocupación han perpetrado contra la comunidad es un acto de terrorismo estatal por parte de Israel, la potencia ocupante, contra el pueblo palestino, sus propiedades y territorios, de forma diaria, ante la vista del mundo entero y en desprecio total al Derecho Internacional», ha agregado.
En este sentido, ha hecho hincapié en que «las condenas no disuadirán a Israel de continuar la limpieza étnica diaria de palestinos en el valle del Jordán», por lo que ha sostenido que son necesarias sanciones «disuasorias», según ha informado la agencia palestina de noticias WAFA.
Por su parte, el primer ministro palestino, Mohamad Shtayé, se ha desplazado durante la jornada a Jirbet Hamsa al Fauqa para analizar la destrucción y ha hablado igualmente de «terrorismo organizado de Estado que implica la limpieza étnica de la población indígena».
Shtayé ha reclamado por ello que la comunidad internacional intervenga «inmediatamente», condene lo sucedido y garantice la protección de los palestinos que residen en localidades, aldeas y asentamientos que hacen frente a órdenes de demolición y confiscación por parte de las autoridades israelíes.
Jirbet Hamsa al Fauqa ya fue escenario de unas demoliciones en noviembre de 2020 que dejaron a más de 70 palestinos sin hogar, en lo que la coordinadora humanitaria interina de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Yvonne Helle, describió como «el mayor incidente de desplazamiento forzoso en los últimos cuatro años».
En este sentido, apuntó que las propiedades destruidas «eran esenciales para el bienestar y la dignidad de los miembros de la comunidad, cuyos derechos han sido violados».
«La ausencia de permisos de construcción emitidos por Israel es citada típicamente como motivo (para este tipo de demoliciones), a pesar de que, debido al restrictivo y discriminatorio régimen de planificación, los palestinos casi nunca pueden obtener estos permisos», criticó, al tiempo que subrayó que «las demoliciones son un método de crear un ambiente diseñado para coaccionar a los palestinos a abandonar sus hogares».
«Recuerdo a todas las partes que la destrucción extensa de propiedades y el traslado forzoso de personas protegidas en un territorio ocupado son graves violaciones de la Cuarta Convención de Ginebra», zanjó Helle.
