El el boom inmobiliario en de las playas de la Península de Yucatán consumieron miles de kilómetros de tierras ejidales o comunales. En solo tres décadas más de 500 mil hectáreas de terrenos de estos tipos pasaron a manos privadas.
En la lista de acusados se encuentran la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, así como otros ex dirigentes estatales como Roberto Borge Angulo (Quintana Roo), Andrés Granier Melo (Tabasco), Javier Duarte (Veracruz); así como exdelegados del Registro Agrario Nacional (RAN), Alfonso Pereira Palomo o Antonino Almazán Arteaga; y el exsubprocurador de justicia en la Entidad, Rafael Acosta Solís.
Este grupo ha permitido en las últimas tres décadas que más de 500 mil hectáreas de terrenos ejidales en la región, hayan pasado de manera irregular a manos de particulares, de acuerdo con el informe “Tres décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán” del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
Estos son algunos de los nombres señalados, que se suman a los de empresarios de familias de renombre, que integran al grupo que logró un inusual aumento de cambios de destino y procesos de parcelamiento para lograr la privatización de la tierra.
Todo esto figura en el documento elaborado por la profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), sede Peninsular, Gabriela Torres-Mazuera, con la colaboración de Sergio Madrid y Raúl Benet.
Según una investigación, a partir del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), puesto en marcha en 1993, se abrieron al mercado las tierras de los ejidos que aceptaron parcelar sus propiedades, esto debilitó la gobernanza comunitaria y facilitó la venta de los llamados “terrenos nacionales”.
De tal forma, en las transformaciones que se dieron en Yucatán, posteriores al Procede, destaca que se mantuvo una tendencia de cambios de destino en 354 ejidos y varios de ellos realizaron esta acción en más de una ocasión.
En aquella época en la Entidad, destacó el proyecto de construcción de un nuevo aeropuerto promovido por el entonces gobernador Patricio Patrón Laviada. Nunca se realizó, pero entre 2000 y 2006 adquirió a nombre del Gobierno del Estado, amplias extensiones de tierras en ejidos cercanos a Mérida; entre estos destacan algunos de Hunucmá, Ucú y Umán.
Además, en este periodo se identifican también cambios de destino promovidos por empresarios para distintos proyectos inmobiliarios, turísticos, agroindustriales, y de diversa índole. Se menciona en este rubro, el inicio de la construcción sobre tierras del ejido de Chablekal del Country Club de Yucatán, “con inversiones de políticos yucatecos con gran poder, como Emilio Gamboa Patrón”.
En el apartado “La ‘Mafia Agraria’ en la Península de Yucatán”, el informe del CCMSS señala que, tras un análisis de los datos obtenidos del Registro Agrario Nacional se nota un aumento inusual de cambios de destino de tierra y cambios a dominio pleno en Yucatán y Quintana Roo entre 2014 y 2015.
Esta anomalía está relacionada, no sólo con el incremento en el número de ejidos que parcelaron sus tierras de uso común y la superficie de dichos parcelamientos, sino con la velocidad con la que varias de las actas de asamblea fueron inscritas en el RAN.
En algunos casos, este proceso se realizó en menos de un año tras la celebración la asamblea ejidal, lo cual es muy excepcional, ya que la inscripción normalmente debe pasar por un conjunto de trámites y revisiones del expediente que suele demorar más de un año.
El trabajo de investigación menciona que, de un conjunto de actas de asamblea de este ejido ubicado al norte de Mérida (que ha vendido más del 70% de sus tierras a empresarios dedicados al desarrollo inmobiliario), así como de las entrevistas con abogados y ejidatarios entre 2016 y 2018, se identifica algunos patrones que indican el contubernio entre funcionarios agrarios y empresarios para el despojo de tierras ejidales.
Algunos de ellos son asambleas calificadas que se celebraron siempre en la segunda o tercera convocatoria (lo cual permitió la exclusión de una parte de los derechohabientes), así como de la validación de asambleas calificadas que no cumplieron con el quórum requerido, la validación de cambios de destino de tierras de uso común que no contaron con el dictamen de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ni del municipio (cuando se trató de un cambio de destino para asentamientos humanos).
Además, de actas que no establecieron con precisión el área que fue sujeta al cambio destino dentro del territorio ejidal o que contravinieron lo establecido por la Ley Agraria. Por ejemplo, la asignación de las parcelas certificadas a posesionarios recién incorporados al ejido y su conversión inmediata a propiedad privada.
Hay actas de asambleas calificadas que no fueron leídas públicamente al término de su redacción; recolección de las firmas de ejidatarios hecha antes o después de la celebración de la asamblea calificada. Algunos ejidatarios señalaron que en ocasiones se ha convocado a reuniones cerradas en casas de los Comisarios Ejidales para recolectar firmas.
