El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta aseguró que todas las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por quebrantos financieros cometidos por municipios, la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) y el Consejo Estatal de Agua y Saneamiento (Ceaspue) serán aclaradas por su administración.
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En conferencia de prensa, apuntó que dicha instancia da 30 días hábiles para aclarar las indagatorias realizadas a las administraciones que tomaron el Poder Ejecutivo tras el fallecimiento de la ex gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo y su esposo Rafael Moreno Valle Rosas.
“Se les notifican a las dependencias, en este caso a los gobiernos estatales a través de su Secretaría de la Función Pública o contralorías y tienen 30 días hábiles para aclarar esas observaciones y para desahogar las mismas”, explicó.
Insistió en que pese a que los daños al erario pertenecen a los gobiernos de 2019, cuando la entidad poblana tuvo tres administraciones, la primera encabezada por Jesús Rodríguez Almeida, que duró menos de un mes, la segunda de casi seis meses a cargo de Guillermo Pacheco Pulido y los primeros cinco meses de su gobierno, todo será aclarado.
«Vamos a aclarar todas las observaciones, todavía no se especifica de que periodos son, vendrán en todos los anexos, pero eso será aclarado», aseguró
El pasado 20 de febrero la ASF publicó la tercera y última entrega del reporte de fiscalización 2019 y en Puebla realizó observaciones por el posible manejo irregular de mil 334.3 millones de pesos, el monto surge de 23 auditorías realizadas al Gobierno Estatal.
Entre las inconsistencias se detectó un daño atrimonial de 27 millones 365 mil 822 pesos en obras del gobierno de Puebla y la Comisión Estatal del Agua (CEAS) en los municipios de Huejotzingo, Soltepec, Los Reyes de Juárez, Huehuetlán El Chico, Teteles de Ávila Castillo, Ahuehuetitla y Zapotitlán, entre otros.
En Seguridad Pública, no acreditaron la compra de equipo y cursos para policías en los que supuestamente gastaron 96 millones 428 mil 100 pesos.
Las principales anomalías que señaló la ASF a la Secretaría de Educación Pública (SEP) es el destino de 43 millones 480 mil 136 pesos en pago a personal que pidió licencia, fue despedido y hasta fallecidos.
Además del pago de 15 millones 568 mil 597 pesos a 27 trabajadores comisionados a la Sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que dirige Alejandro Ariza Alonzo. Los docentes ocupan 27 plazas. Y dos millones 371 mil pesos a 76 trabajadores fallecidos y otro más de 519 mil 509 pesos para otros 11 empleados muertos.
