Luego de la aprobación en el Senado del dictamen para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, se encendieron las alarmas en la población mexicana por la entrega de datos biométricos y personales si se quiere hacer uso de una línea de teléfono celular.
Mientras 54 senadores votaron a favor, a fin de prevenir la comisión de delitos desde celulares, la opinión pública y organizaciones de defensa de derechos digitales expresaron su preocupación a causa de la recopilación de información biométrica, es decir, características de los seres humanos como el rostro, iris de los ojos o huellas digitales.
Varios actores tacharon la medida de ‘autoritaria’ y suicida contra la privacidad de los usuarios. Pero cuál es la información que solicitarán las compañías telefónicas.
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Tratamiento delicado
El gobierno obligará a las empresas de telefonía celular a entregar los datos de localización geográfica de los dispositivos. Para lo cual, primero, deberán tener un registro y control de las comunicaciones establecidas por cualquier línea de teléfono.
De esta forma, el padrón lo integrará el nombre del usuario, en el caso de una persona física. O, la razón social, cuando se refiera a una persona moral ante la ley. De ambos aspectos, la compañía tendrá su domicilio particular, número de teléfono y ubicación de la línea telefónica.
Se suma la Clave Única de Registro de Población (CURP), nacionalidad y número de identificación oficial del contratante con fotografía. También, el tipo de comunicación del teléfono celular, tanto llamadas como servicios de mensajería o herramientas multimedia empleadas.
La preocupación se origina, aún más, por los datos biométricos, la recolección de fotografías del rostro y huellas dactilares. Además, la modalidad de la línea de telefonía celular contratada e información sobre el origen y destino de las comunicaciones.
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Asimismo, las empresas telefónicas deberán guardar datos sobre la fecha, hora y duración de las llamadas y mensajes. A su vez, registrar la información del día en que se activó el servicio de telefonía.
Los concesionarios que no acaten la resolución o vulneren la seguridad de las bases de datos, pueden recibir de tres meses hasta cinco años de prisión.
Sin embargo, el carácter de la medida es retroactivo, por lo cual las empresas de telecomunicaciones tienen hasta dos años para recolectar los datos de los usuarios y entregarlos al Instituto Federal de Telecomunicaciones. El IFT se encargará de la operación del Padrón cuando entre en vigor, después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y una revisión posterior.
