El Frente Nacional para la Sororidad adelantó que instalará el Observatorio Nacional de Violencia Digital para analizar cómo perfeccionar la recién aprobada Ley Olimpia, que castiga la filtración de material íntimo.
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Al respecto, la vocera del Frente, Marcela Hernández Oropa, adelantó que no descartan solicitar que las penas sean más altas para quien cometa este delito, que es muy común y poco se castiga.
«Nos gustaría que las penas y los años de cárcel se incrementen, pues es un delito que revictimiza y daña demasiado», apuntó en una entrevista con Publimetro.
La también maestra en políticas públicas y de género, comentó que es necesario que las autoridades sean capacitadas adecuadamente para poder implementar los avances y que abonen a que las víctimas encuentren justicia.
¿Qué buscarían perfeccionar en las recientes reformas?
—Toda la legislación es perfectible y con áreas de oportunidad, al igual estas reformas que impulsamos.
Aunque creemos que es un muy buen dictamen, una legislación bastante buena, quizá podíamos detallar más la definición de violencia digital, porque si bien es algo que abarca gran diversidad de acciones, es muy enfática en la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.
En cambio, para todas las demás acciones que existen solo dice «que por medio de las tecnologías de información o comunicaciones puedan dañar la dignidad o la integridad de las víctimas», eso está muy general.
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Se buscaría enlistar con más detalle otras formas de violencia en espacios digitales con una definición más amplia y específica.
Además de analizar el tema de las penas para que sean más altas, eso nos gustaría.
¿Qué resaltas del dictamen?
—Estamos contentas con el hecho de que se haya establecido que no se requiere querella para que se persigan este tipo de delitos, porque si bien hay posturas o voces que dicen que esto no permite a las víctimas tomar la decisión en un proceso penal, eso es falaz.
Lo que realmente sucede es que el Estado o la autoridad, en el momento que tiene conocimiento de que ocurre este tipo de violencia, tiene la obligación de perseguirla.
Los argumentos que algunas agrupaciones mencionan como en detrimento no son muy acertados, ya se han argumentado ampliamente y realmente hay 29 aprobaciones a lo largo del país. Creemos que salió un muy buen instrumento legal.
¿Las reformas aplican en casos de niñas también?
—La definición para la Ley de Acceso a una vida Libre de Violencia es general, niñas, mujeres, adolescentes y hombres también, se define como violencia de género en beneficio de las mujeres, pero va para cualquiera.
En el Código Penal se habla de mayores de 18 años, porque lo que se tipifica son delitos contra la intimidad sexual que van con producción, difusión de contenido íntimo sin consentimiento, amenazas de difusión y extorsión.
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Cualquiera de estas conductas para menores de edad ya están tipificadas y tienen sanciones más altas en los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores, entonces si se abarcaba también a menores se estaría sobre legislando, se tuvo mucho cuidado con estos temas.
Además, en menores es mucho mejor que se apegue a otros delitos porque tienen penas más altas, son perseguidos de oficio, del orden federal y con más rigor.
Luego de la promulgación del Ejecutivo, ¿Cuándo serán una realidad las reformas?
—Generalmente no tardan más de dos o tres meses en que el Ejecutivo promulgue, una vez que el Congreso aprobó el cambio legislativo.
¿Cómo va a funcionar el Observatorio Ciudadano de Violencia Digital?
—Lo que queremos es ver qué es lo que ocurre con la implementación del tipo penal y de la nueva modalidad de violencia. Para saber cómo opera, las limitaciones, cómo generar estadísticas, información y todo con la finalidad de obtener experiencia y con, algo tangible, sugerir modificaciones o mejoras.
¿Que destacas de la aprobación?
—Más allá de el cambio legislativo, el gran triunfo de esta lucha y causa que hemos llamado Ley Olimpia es que, primero, surge desde hasta abajo, desde las víctimas, mujeres jóvenes, sectores por muchas formas vulnerados y que es una causa que hemos emprendido desde el territorio, que hemos recorrido mucho el país, conformado redes de mujeres feministas, que hemos subido la legislación para que sea votada en los congresos.
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La verdad el que se aplaudan entre diputados y senadores y se agradezcan entre ellos no tiene lugar. El verdadero agradecimiento es para las mujeres que han llevado esta causa y este trabajo desde el territorio y las mujeres sororas, y es a ellas a quienes les debemos esto.
¿Habrá un cambio de paradigma?
—El cambio de narrativa en el discurso público en el que se revictimizaba tanto a las mujeres que éramos exhibidas, vulneradas en nuestra intimidad en los espacios digitales.
Siempre éramos nosotras las perseguidas y señaladas como culpables y esto ha comenzado a cambiar a raíz de que visibilizamos que no es normal, que es una violencia y ahora también es un delito. Ahora a quienes se debe perseguir y quien lleva el peso del señalamiento social ya no somos nosotras, sino los agresores, eso es un cambio de paradigma muy importante en favor de la igualdad de género.
¿Cuál es el promedio de víctimas de este delito?
—En cuanto se aprobaba la Ley Olimpia en los estados llovían las peticiones de orientación para saber cómo denunciar y también habían quien iba a los Ministerios Públicos para denunciar sus casos de violencia y sucedía que como los Ministerios no siempre están capacitados, muchas veces metían las conductas como otros delitos, lo que no abonó a conocer la verdadera cifra.
Nosotros hasta finales del año pasado vimos 300, tan solo en la Ciudad de México, pero en general hay cientos de denuncias en todo el país.
Diario nos llegan diez denuncias por diferentes vías y en su mayoría se concentran en el Estado de México, Ciudad de México, Quintana Roo, Puebla y Yucatán.
Ley Olimpia en claves
- El Congreso aprobó modificaciones a la Ley General de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal para combatir el acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual, a través de plataformas de Internet o redes sociales.
- Se establece cárcel de tres a seis años a quien comparta contenido íntimo de un tercero sin su consentimiento.
- Así como multas de 500 y hasta mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), aproximadamente, 89 mil 620 pesos a quien ejerza esta violencia digital o mediática.
- La pena se incrementará hasta en 50%, es decir, hasta 134 mil 430 pesos, cuando el delito sea cometido por el cónyuge o concubino. Así como por cualquier persona con la que la víctima tenga o haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza.
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