La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió el miércoles una nueva controversia constitucional, esta vez del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil aprobado en abril por el Congreso. La principal queja es que incluirá datos biométricos de los usuarios.
El IFT presentó su recurso contra varias disposiciones de la ley, la cual encarga a este organismo autónomo que se haga cargo de la operación del padrón. Según indica el instituto en un comunicado, el Congreso invadió su autonomía presupuestaria. También, sus facultades regulatorias y de garante de los derechos humanos. A su juicio, está transgrediendo el principio de división de poderes.
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Además, el IFT argumenta que no cuenta con los recursos para poner en marcha tal base de datos, que sería una de las más grandes del país.
Esta acción se suma a la interpuesta por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) contra el mismo censo. Considera que se pondrán en riesgo los datos personales. Además, se han multiplicado los amparos de particulares.
El objetivo del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil es contar con una base de datos de todos los titulares de celulares. Supone estar a disposición de las autoridades de seguridad y justicia, con el fin de que ello facilite combatir ciertos delitos. La ley establece un plazo de dos años para registrar a los usuarios que ya tienen línea.
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El gobierno considera que el censo redundará en una mayor seguridad. Sin embargo, pero la oposición, diversas entidades y grupos defensores de los derechos humanos consideran que es una violación a la privacidad.
Durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) operó unos años un Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Celular, similar pero sin datos biométricos. Fue abolido por el Senado en 2011 después de que se descubrió que fue hackeado y estaba disponible en el mercado negro.
