En las cárceles de Puebla persiste la sobrepoblación; la falta de servicios de salud; higiene en cocina y comedores; además de que no existen actividades que ayudan a su reinserción y hay presencia de actividades ilícitas, entre otras.
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Esto concluye el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ya que la entidad poblana reprobó con una calificación de 5.94 puntos donde 10 es el máximo.
Aunque en esta ocasión no se evaluaron seis de los Centro de Reinserción Social (Ceresos) como el de Puebla capital, Ciudad Serdán, San Pedro Cholula y Tepexi; en 2019 la entidad obtuvo una calificación de 6.03.
Este año se hizo la evaluación a seis prisiones militares, las cuales obtuvieron el siguiente puntaje: el Cereso de Tehuacán 6.63 puntos; el Cereso Distrital de Acatlán de Osorio 5.29; el de Tecamachalco 6.61; Tetela de Ocampo 6.12; Zacatlán 5.76 y el Regional de Huauchinango, 5.29.
Cabe mencionar que la mayoría sólo tuvo buena calificación en la atención a necesidades específicas de personas con alguna discapacidad, indígenas y de la comunidad LGBT+.
No obstante, los peores calificados, como es el Cereso Regional de Huauchinango se observó deficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos y falta de supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular.
También la inexistencia o deficientes condiciones, materiales e higiene del área médica fue una constante en los penales de Acatlán de Osorio y Zacatlán.
En el penal de Zacatlán y Tehuacán se detectaron actividades ilícitas, aunque también en este último destaca la inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos).
En los seis penales hay ausencia o insuficiencia de actividades laborales, educativas o deportivas que permitan la reinserción social de las personas privadas de su libertad.
La cárcel en Acatlán de Osorio también fue la única que registró hacinamiento y sobrepoblación; mientras que la de Zacatlán también ya ha rebasado su capacidad.
Cabe mencionar que según datos de la CNDH, slo 342 personas privadas de su libertad han recibido la vacuna contra el Covid-19, siendo la entidad 16 con menos vacunados.
