Mientras las elecciones se acercan en Nicaragua, próximas a celebrarse en el mes de noviembre, el presidente Daniel Ortega se resiste a abandonar el poder y ceder su asiento a quien piense de manera distinta.
Los hechos demuestran dicha conducta con un saldo, hasta el momento, de cuatro aspirantes a la presidencia detenidos y un total de 12 opositores a su régimen aprehendidos por el brazo policial de su gobierno. Todo ha ocurrido en las últimas dos semanas, aunque faltan 5 meses para los comicios.
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Quien alguna vez fue un líder social, que luchó por derrocar del poder a la dinastía Somoza, ahora trata de asfixiar las posibilidades de llegar a la presidencia de cuatro políticos y silencia las voces que se proclaman en su contra. Incluso, luchadores sociales que pelearon junto a él por el poder en la Revolución Sandinista.
A Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro les han sido imputados cargos como ‘lavado de dinero’, ‘pedir intervenciones militares’ o ‘incitar la injerencia extranjera’. El único propósito es impedirles participar en el proceso electoral por no gozar de plenitud de derechos políticos o civiles, de acuerdo con una ley aprobada en 2020 por la Asamblea Nacional.
Al respecto, dicha Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación considera ilegal a los ‘traidores a la patria‘ acceder a un cargo público. Bajo esta norma, se está realizando la imputación a las voces disidentes al gobierno de Ortega.
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De revolucionario a autócrata
En tanto, Daniel Ortega busca reelegirse por tercera vez de la mano del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Sin embargo, sería su quinto mandato si logra ‘ganar’ las elecciones presidenciales en noviembre. La presidencia la ganó por primera vez en 1984, tras la efervescencia de la Revolución Sandinista, aunque cayó en 1990 con su sucesora Violeta Barrios de Chamorro.
Fue hasta 2006 que logró conquistar de nuevo el poder en Nicaragua. Desde 2007, cuando tomó protesta, se ha mantenido en la presidencia durante tres mandatos consecutivos. Aunque, tras su reelección y una propuesta de reforma al sistema de seguridad social, con disminución de pensiones y alza de contribuciones, provocó múltiples protestas alrededor del país en 2018 que exigían su renuncia. El saldo fue de más de 400 muertos por la represión de su gobierno, según estiman colectivos civiles
En la mira del mundo
De esta forma, las condenas de organizaciones multinacionales no se han hecho esperar. El director de la división de América de Human Rigths Watch, José Miguel Vivanco, aseguró que su modus operandi es una forma de eliminar la competencia. Al tiempo que llamó a Estados Unidos y la Unión Europea a a tener un «rol concertado» sobre la situación.
«Daniel Ortega está despejando el campo para correr sin ninguna oposición significativa», dijo.
El secretario de Estado de EU, Antony Blinken, ya expresó la preocupación sobre los derechos humanos y el estado de la democracia en el país gobernado por Ortega.
Asimismo, el consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunirá el 15 de junio para discutir el actuar del organismo en Nicaragua. En cambio, el llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido más enérgico. Instó a la liberación inmediata de las personas detenidas desde el pasado 9 de junio.
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