La economía informal en México representó 23% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2019; su nivel más alto durante los últimos cinco años, informó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
Señaló que, de acuerdo a las cifras más recientes del Inegi, el comercio al por menor –donde se ubica el ambulantaje y los establecimientos que evaden el fisco– aportan 24.5% de los ingresos que genera la informalidad.
El organismo de la IP indicó que la construcción es el segundo motor más importante de la también llamada economía subterránea; con una participación económica de 14.9%, a través de obras que no cuentan con permisos, licencias y pago de impuestos.
Apuntó que la industria manufacturera, es tercer sector con mayor incidencia en la informalidad; con una aportación de 12.6%; en tanto que la agricultura y ganadería contribuyen con 11.1%.
Empleo informal
El CEESP indicó que, en materia de empleo, la informalidad representó al 55.5% de la población ocupada del país; contra 44.5% de personas que se desempeñan en el mercado formal.
“Estas cifras reflejan la baja productividad de la informalidad; ya que con poco más de la mitad de la población ocupada genera el 23% del PIB. Por su parte, la actividad formal genera el 77% del PIB, con 44.5% de la ocupación”, subrayó.
El organismo privado advirtió que, en un entorno de recuperación económica, que podría detenerse ante una tercera ola de contagios de Covid-19, “es clara la necesidad de fortalecer el ritmo de crecimiento del país”; con el objetivo de poder ampliar la actividad formal.
Refirió que, para lograr este último objetivo, los esfuerzos del gobierno federal deben concentrarse en un estado de derecho efectivo; que contemple factores que promuevan y faciliten rápidamente la inversión.
Ello, apuntó, a través de medidas como una mejora del entorno regulatorio y el establecimiento de reglas del juego claras; que ofrezcan confianza y mejores expectativas para invertir y hacer negocios en México.
“No hay duda de que se requieren estrategias que estimulen la inversión productiva. La instrumentación de políticas que limitan la apertura de nuevas empresas y la expansión de las ya instaladas; mediante elevados costos laborales y fiscales, debilitan el crecimiento económico y el bienestar social”, concluyó el CEESP.
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