El matrimonio formado por Mariana Rodríguez y Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, no deja de causar polémicas, pues ahora la Fiscalía General de la República (FGR) consignará un expediente en contra de ambos y sus padres: Jorge Gerardo Rodríguez y Samuel García Mascorro, respectivamente, al acusarlos de lavado de dinero por 40 millones de pesos.
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De acuerdo con un reportaje de Proceso, la defraudación fiscal habría ocurrido entre 2016 y 2020, cuando los cuatro establecieron una red de lavado de dinero por medio de empresas fantasma, bajo un mecanismo similar al del Cruz Azul y del empresario Raúl Beyruti, conocido como “El rey del outsourcing”, con movilización masiva de recursos, falta de declaración fiscal y uso de empresas factureras como fachada.
La investigación detalla que Samuel García y su familia usaron a las empresas Grupo Renok y Zulamak, ambas ubicadas en Nuevo León y calificadas por las autoridades mexicanas como EFOS, es decir, empresas facturadoras de operaciones simuladas, por lo que están en la lista negra publicada en 2015 y 2018, para llevar a cabo las operaciones irregulares.
“Son empresas que han estado emitiendo comprobantes fiscales digitales por internet sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”, añade el reportaje.
Además, al rastrear las cuentas de Samuel García, se ubicaron 26 millones de pesos no declarados al Servicio de Administración Tributaria (SAT), mientras que de otros dos millones están por comprobarse su legalidad.
De los 26 millones la mayoría corresponde a Mariana Rodríguez, con 14 millones y 12 en excedentes, mientas que su padre tendría cuatro millones en excedentes no declarados, en el caso de García Mascorro, sólo tendría millón y medio en movimientos irregulares.
Debido a esta situación, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada tiene previsto citar a declarar a los cuatro, para que aclaren sus operaciones financieras.
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La sanciones por este tipo de defraudación fiscal van de dos a nueve años de prisión al que “expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.
La consignación podría concretarse antes de que García Sepúlveda tome protesta como gobernador, el próximo 3 de octubre.
