Mariana Gómez del Campo, senadora del PAN
No es la primera vez que un miembro de la familia de Joaquin Guzmán Loera es atacado, de hecho, es el tercero en dos meses: a mediados de junio, los medios difundieron la noticia de un presunto ataque contra la casa de su madre, que posteriormente fue desacreditada por las autoridades; y a finales del pasado mes de julio, fueron asesinados dos jóvenes que se dijo serían sobrinos de su actual pareja, Emma Coronel.
Algunos especialistas han señalado dos posibles explicaciones sobre el secuestro del hijo de Guzmán Loera. Por una parte, el secuestro realizado en un conocido restaurante de Puerto Vallarta es atribuido por las autoridades locales al cártel Jalisco Nueva Generación, se tuvo la sospecha de que serviría para una posible negociación para la cesión de territorio por parte del cártel de Sinaloa. La otra explicación es que el secuestro se trata de un ajuste dentro del propio del cártel de Sinaloa, posiblemente orquestado por Ismael el Mayo Zambada, quien se presume dirige sus operaciones luego de que Guzmán Loera fuera recapturado.
Todo apunta a que la reaprehensión de Joaquín Guzmán, el actual proceso de extradición que atraviesa y la consecuente limitación de su influencia está teniendo consecuencias y generando una realineación de intereses en los grupos del narco, hechos que se anticipaban. A pesar de que el hijo de Guzmán Loera ya fue liberado, estamos hablando de una disputa por el poder entre miembros de los grupos de delincuencia organizada, disputas que podrían traer consecuencias negativas e inclusive un retroceso en el combate a la violencia, principalmente en aquellas regiones que suponen grandes mercados o rutas comerciales hacia Estados Unidos por lo que el gobierno federal debe reforzar sus tareas para garantizar la seguridad de la población y combatir a estos grupos.
La investigación sobre los responsables de este caso estará a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Insistimos en que la acción del gobierno debe encaminarse hacia la desarticulación de todos los grupos delincuenciales del país. Algunos especialistas como Mike Virgil, ex jefe de operaciones internacionales de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, consideran que hay grupos cuya rápida expansión y acciones encaminadas al control de rutas y mercados ya ocupados por otros cárteles han incrementado el índice de violencia en entidades como Michoacán, Jalisco, Nayarit y Colima. Es muy lamentable que el mes de julio se haya convertido en el mes más violento de este sexenio, por lo que no podemos seguir esperando a que se implemente una verdadera estrategia integral de seguridad.
No queremos un gobierno que oculte la verdad y que no afronte la grave situación que se vive en muchos estados y municipios, sino uno que actúe de forma responsable y que promueva la modernización y profesionalización de los cuerpos policiacos. Queremos un gobierno que actúe de forma contundente contra el narco a través del combate de sus pilares financieros y operativos para que la detención de sus líderes no signifique la diversificación de su fuerza.
Marcela Guerra, senadora del PRI
Es bien sabido que la delincuencia organizada posee sus propios códigos de conducta cuando de ajuste de cuentas se trata. Desde hace varios años, en territorio nacional operan diversos cárteles de la droga que suelen distribuirse espacios que ellos mismos determinan, anunciando a sus “pares” cuáles son los límites de acción que no pueden ser rebasados.
La privación ilegal de la libertad de 6 personas incluyendo a Jesús Alfredo Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, en el restaurante La Leche en Puerto Vallarta, Jalisco, el lunes de la semana anterior, ha suscitado nerviosismo en diferentes sectores de la sociedad justamente por la forma tradicional en que suelen ajustar cuentas dos o más cárteles confrontados.
Hasta donde las investigaciones han avanzado, el secuestro en La Leche involucra por lo menos al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La prevalencia en la memoria colectiva de la fallida estrategia de combate a la delincuencia organizada de la administración anterior, no puede mantenernos en la zozobra ante lo sucedido en Puerto Vallarta.
Señalo a continuación razones poderosas para evidenciar que nuestras instituciones se están transformando y fortaleciendo para combatir con inteligencia, dentro de los márgenes de la ley, al crimen organizado.
• Tras la fuga del 11 de julio de 2015, el Chapo Guzmán fue recapturado vivo y enfrenta un juicio conforme a derecho.
• Durante la presente administración, 99 de los 122 objetivos de la delincuencia organizada ya no representan una amenaza para la población.
• Desde diciembre 2012, el presidente Peña Nieto impulsó una nueva estrategia basada en la planeación, la prevención del delito, la protección y respeto de los derechos humanos, la coordinación, la transformación de las instituciones policiales y de procuración de justicia; y la evaluación, en lugar de una guerra declarada a la delincuencia organizada.
• En congruencia con el primer eje del PND 2013-2018 “Un México en Paz”, el gobierno federal se ha propuesto que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos, que participen activamente y cumplan sus obligaciones en el marco de una democracia plena, a fin de que ninguna persona en México se enfrente a la falta de seguridad, a un inadecuado sistema de justicia penal, o a la opacidad en la rendición de cuentas.
Nuestro nuevo sistema penal, la coordinación entre instituciones de seguridad de las entidades federativas y la pronta discusión en Cámara de Diputados sobre el Mando Mixto, también son acciones certeras para generar el México en paz que todos queremos.
Aún y cuando el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia afirmó el viernes 19 de agosto, que la detención del operador financiero del CJNG, Sergio Kurt alias la Pistola, no tiene ninguna relación con el secuestro de Alfredo Guzmán Salazar, esta intervención nos proporciona a la sociedad en su conjunto, la certeza de que nuestras autoridades no son omisas ante situaciones que obligan a actuar firme y decididamente para salvaguardar el orden y la tranquilidad de los ciudadanos.
