Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza
La instalación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México marca un antes y un después en la historia de la capital del país, pues será la primera vez que se apruebe una constitución en el siglo XXI. En este contexto, representa un reto mayor ya que estamos a prácticamente 100 años de la promulgación de la Constitución General.
Hemos dicho en repetidas ocasiones que para nosotros la Constitución no es ni debe ser vista como la panacea a los problemas de la ciudad, sino como una nueva plataforma que tiene la virtud de cambiar algunas de las reglas que rigen la vida en la capital. Por eso es que no queremos que esas reglas sean producto de modas, de caprichos del gobernante en turno o de tal o cual ideología.
El proyecto de Constitución que entregó el Jefe de Gobierno contiene 76 artículos que estamos analizando puntualmente en la búsqueda del beneficio de todos los habitantes de la capital.
Encontramos en una primera revisión coincidencias en este documento con posturas que siempre hemos defendido en el PAN, como lo son los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sin embargo, creemos que se queda corto en particular en garantizarles ambientes libres de violencia.
Reconocemos que se considera a las personas con discapacidad y principios a su favor como la accesibilidad pero habla poco de su inclusión. Se desarrolla un Título específico sobre el Desarrollo Sostenible de la Ciudad donde adecuadamente se contempla un mecanismo de planeación, de gestión del agua y disposiciones a favor del medio ambiente. Hay avances en materia democrática como es hacer vinculatorios los resultados de consultas ciudadanas, referéndum, plebiscito y, por fin, contar con la revocación de mandato.
Sin embargo, identificamos que hace falta desarrollar con plenitud temas estructurales para diseñar un nuevo modelo de ciudad, entre ellos: las facultades de las alcaldías para lograr que brinden mejores servicios, establecer mecanismos que garanticen mayor transparencia y rendición de cuentas, y acciones muy concretas como la regulación de marchas, garantizar que se invierta en mejor transporte público y garantizar que se combata el acoso escolar.
Los próximos cuatro meses serán fundamentales de cara a elaborar un documento para la ciudad de las próximas décadas, por eso se requiere tener visión de largo plazo, objetividad y altura política para que esta Constitución no termine siendo letra muerta o una carta de buenos deseos.
Senadora Marcela Guerra
La Ciudad de México “CDMX” es la catorceava ciudad más poblada del mundo con poco más de 22 millones de habitantes. En ella se concentran los tres Poderes de la Unión, así como las Secretarías de Estado, la Procuraduría General de la República y además es la capital de los Estados Unidos Mexicanos.
Fue hasta diciembre de 2015 con la reforma política aprobada en el Congreso de la Unión, que se logra dotar a la población de la Ciudad de México de derechos que no poseía: el de ser entidad federativa con derechos políticos plenos; la posibilidad de que el Jefe de Gobierno pueda nombrar libremente al Secretario de Seguridad local; que el Poder Legislativo de la CDMX pueda participar de las reformas constitucionales federales; la sustitución de Delegaciones Políticas por Alcaldías pensadas como órganos plurales que tendrán más representación política de todas las fuerzas que participen en procesos electorales; y también la posibilidad de fundar y erigir su propia Constitución a partir de una Asamblea Constituyente que la dotará de una autonomía real equivalente a la que gozan los otros estados de la República.
La tarea que tienen enfrente los 100 mexicanos que conforman desde el pasado 15 de septiembre, la Asamblea Constituyente, es de la más alta responsabilidad. Es un ejercicio que se espera sea democrático, de debate de altura, de inclusión y de creatividad que logre proporcionar los lineamientos del siglo XXI, que le permitirán a los capitalinos situarse a la vanguardia, en un mundo que no puede pensarse sin considerar derechos de segmentos de la población que antes simple y sencillamente eran marginados.
Estamos hablando por tanto de un texto que debe considerar derechos de: personas con discapacidad, de la población Iésbico-gay, transexual, transgénero; de las víctimas y de los familiares de desaparecidos; de la población en situación de calle. Habrá de regularse también el derecho a la protesta y manifestación; la protección a periodistas; la muerte digna; el uso de la mariguana; el referéndum ciudadano; el plebiscito; la revocación de mandato; las candidaturas ciudadanas; el sistema anticorrupción; el gobierno de coalición e incluso la posibilidad de considerar una segunda vuelta en procesos electorales.
Todos los mexicanos estaremos atentos al proceso del que emergerá un texto inédito y vanguardista. El resultado impactará en la revisión de las Constituciones de las 31 entidades federativas, sin embargo, hay que señalar que los usos y costumbres en cada rincón del país, así como los procesos de ciudadanización son diferenciados y si en la Asamblea Constituyente se estará debatiendo sobre los derechos que se requieren garantizar, hay que aceptar que hay comunidades en nuestro país que no necesariamente decidan siquiera poner sobre la mesa temas tan interesantes como los que sí estarán en una Constitución de la Ciudad de México.
La democracia en nuestro país avanzará en la medida en la que el respeto y la tolerancia se sigan imponiendo como característica del México del siglo XXI.
