Mariana Gómez del Campo, senadora de la República
Las elecciones del 5 de junio de 2016 marcaron un punto de quiebre en el actual sexenio. Fueron un parámetro para evaluar no sólo a los gobiernos estatales sino a la administración federal a 4 años de su inicio. El resultado lo conocemos, fue un descalabro sorprendente para el PRI.
Lo anterior demuestra dos cosas: la primera, que los partidos políticos en México deben hacer un trabajo verdaderamente honesto y sacar de sus filas a los perfiles que les hacen un daño importante a las entidades federativas y al país; por otro lado, la ciudadanía envío un mensaje claro a Los Pinos: “no vamos por la ruta correcta” ni en materia económica ni en la de seguridad.
Es legítimo el derecho de cualquiera a expresar su aspiración para contender por la Presidencia de la República, sin embargo, también es importante ser transparentes y hacerlo en un terreno justo. Desde mi perspectiva, quien tenga alguna pretensión puede y debe contribuir con ideas desde este momento para generar las soluciones que requiere el país. Los ciudadanos ya no quieren palabras bonitas sino que exigen acciones.
Según Parametría, en su última carta sobre la elección presidencial, el PAN aventaja a los demás partidos con un 32% de preferencia efectiva. Le siguen el PRI con 24%, Morena con 21% (con un personaje que lleva años en una permanente campaña presidencial), PRD con 8% y con 4% o menos los demás partidos. En Acción Nacional estamos conscientes de que estos resultados debemos valorarlos en su justa dimensión, con humildad y sensibilidad. Por un lado, hay ciudadanos que reconocen que en materia económica los sexenios del PAN generaron estabilidad, muestra de ello fue que no hubo un escenario de devaluación del peso como el que estamos viviendo, también hay quienes identifican que se combatieron nuestros principales problemas en lugar de optar por ocultarlos. Por otro lado, hay mexicanos que en sus estados quieren poner alto a décadas de ser gobernados por un mismo partido y que, como ocurrió en junio pasado, identifican el poder de su voto para frenar años de abusos y castigar la corrupción. Lo que no podemos perder de vista es que estamos aún lejos del 2018 y tenemos frente a nosotros el deber de dar resultados en los estados que actualmente gobernamos así como debemos hacer desde el Congreso lo que está en nuestras manos para que el país salga adelante en estos momentos difíciles.
El 2018 será un año histórico, un año en el que el país confirme su vocación democrática nutrido de una población joven que quizá no recuerda las décadas en las que imperaba el partido hegemónico pero que está deseosa de que México se olvide de las crisis, del estancamiento y de la inseguridad para ser el país prometedor, de avanzada y de oportunidades que podemos ser. Tenemos todo, sólo necesitamos decidirnos. Nuestro principal freno es la corrupción, el voto es la herramienta más poderosa para combatirlo.
Marcela guerra, senadora de la República
El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene entre sus facultades, la de garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión. Al mismo tiempo, es la máxima autoridad que bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, máxima publicidad y objetividad, asegura el desarrollo de la vida democrática en el país.
Ante esta gran responsabilidad, es importante que el INE se mantenga alerta ante las acciones que llevan a cabo personajes que han anunciado abiertamente su interés de ocupar la silla presidencial: Andrés Manuel López Obrador, Rafael Moreno Valle, Margarita Zavala, Miguel Ángel Mancera y Miguel Márquez Márquez. Esto está ocurriendo a 27 meses que aún le faltan al actual jefe del Ejecutivo para concluir su mandato y a 18 meses de las elecciones que renovarán la presidencia de nuestro país.
La población en general comienza a percibir esta ansiedad política de quienes tienen el derecho legítimo de postular su candidatura. Si bien es cierto que existen reglas no escritas que forman parte del juego político para llegar al poder, debemos exigir que el marco legal existente se respete.
El INE debe actuar con prontitud para señalar y contener mediante una llamada de atención, todas aquellas actividades que según el caso, constituyan actos anticipados de campaña.
De acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), durante los procesos electorales federales en que se renueven el titular del Poder Ejecutivo Federal y las dos cámaras del Congreso de la Unión, las precampañas darán inicio en la tercera semana de noviembre del año previo al de la elección. No podrán durar más de sesenta días.
La LGIPE establece también que por propaganda electoral se entienden las reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general, aquellos actos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular.
Ahora bien, tanto para los candidatos que pertenecen a un partido político como aquellos que no desean postularse por una organización de esta naturaleza, existen estatutos, convocatorias y reglas establecidas, así como sanciones previstas en caso de no acatarse éstas últimas.
México merece tener una democracia a la altura de este siglo, los avances que hemos conquistado en apertura y participación ciudadana nos llevan a concluir que estamos a más de un año de que comience un proceso electoral formal. Atentos permaneceremos para que el INE haga su trabajo. No hay opción. Del respeto a nuestro procedimiento electoral depende la legitimidad, la fortaleza y la gobernabilidad de nuestro país.
