Mariana Gómez del Campo, senadora de la República
La seguridad es un talón de Aquiles del gobierno federal, durante la campaña se dijo que se tenía una estrategia y que un pilar sería la creación de la Gendarmería Nacional. A 4 años de distancia, la única estrategia demostrada ha sido ocultar la realidad y dejar de hablar de los conflictos; la Gendarmería quedó como una minúscula división dentro de la Policía Federal. La verdadera cuestión de fondo, que es la reconfiguración, modernización, profesionalización y certificación de las policías estatales y municipales, sigue siendo una utopía. Enfrentamos una crisis permanente, recordemos la situación de las “autodefensas” en Michoacán y Guerrero, la fuga de Joaquín Guzmán Loera, el aumento de la violencia en estados como Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Veracruz, Nuevo León y el Estado de México, los lamentables sucesos de Ayotzinapa, Tanhuato, Tlatlaya y Nochixtlán. Todos estos hechos y otros más demuestran que ha faltado voluntad política y pericia en el gobierno para atender este tema sensible y también ha faltado decisión para que los estados hagan su parte con el propósito de que las fuerzas armadas dejen de hacer labores policiales, vuelvan a sus cuarteles y se prevenga la comisión de delitos, no sólo se reaccione una vez que ocurrieron. Esta crisis se ha acentuado en las últimas semanas, la percepción de inseguridad en la población en marzo-abril de 2016, se ubica en 72.4% según el INEGI. Sobre la impartición de justicia, los datos no son muy alentadores: 93.7% de los delitos no fueron denunciados a nivel nacional según la
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Inseguridad del INEGI. En lo relativo a rendición de cuentas y combate a la corrupción, es evidente que el Ejecutivo federal tiene otras prioridades, para muestra su partido en el Congreso bloqueó los aspectos sustantivos de la iniciativa #Ley3de3 y tres de los peores gobernadores (y ex gobernadores) de su misma filiación política, gozan de total impunidad. La mayor sanción que han recibido es la suspensión como militantes del PRI. ¡Vaya castigo! ¡Vaya mensaje a la sociedad! La emboscada que sufrió un grupo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que cobró la vida de cinco soldados y dejó heridos a 10, es una seria afrenta, se habla de cierto contubernio de autoridades estatales y municipales, y confirma que el crimen organizado se ha fortalecido en ciertas regiones a causa de la omisión del gobierno federal. Si la zona donde fue el ataque es el escenario de una lucha entre cárteles, el gobierno debe actuar. Hoy más que nunca requerimos de una verdadera estrategia de inteligencia y de intervención para recuperar la paz cuya base sea el cumplimiento del Estado de derecho. Le quedan dos años a la administración, estamos a tiempo para redireccionar los esfuerzos en seguridad a fin de actuar a favor de las familias mexicanas. Nada se ha ganado en 4 años ocultando la realidad, el primer paso debe ser reconocer los problemas, generar confianza a través de hechos y demostrar que en México nadie debe estar por encima de la ley. Es hora de actuar.
Marcela Guerra, senadora de la República
El Ejército mexicano es orgullo nacional. Institución ejemplar emanada del pueblo y leal a él. Por su disciplina, capacidad y cercanía con la sociedad, posee uno de los índices más altos de confianza en relación a otras instituciones nacionales.
Su función principal es la de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación. Sin embargo, a nuestro Ejército también se le encomiendan otras tareas que van de la implementación de políticas públicas a nivel nacional, al combate al narcotráfico; pasando por su participación en labores de seguridad pública, campañas de reforestación, operaciones de reacción inmediata en situaciones de desastre dentro y más allá de nuestras fronteras; sin olvidar su participación en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU.
Es importante señalar también que de la mano con las anteriores funciones, nuestro Ejército transita hacia la modernización en uso de nueva tecnología y de la implementación de un sistema de justicia militar.
Por estas razones, la indignación nacional no se hizo esperar al conocer los hechos ocurridos en Culiacán, Sinaloa, cuando personal militar fue emboscado con armas de gran volumen y potencia de fuego al prestar auxilio a un individuo herido. El saldo es de todos conocido: 5 militares muertos y otros 10 heridos.
La conmoción que esta noticia suscitó entre la sociedad en su conjunto, se suma a la solicitud de quienes opinan que es necesario que se redefinan las misiones y las funciones de las Fuerzas Armadas, especialmente en lo que concierne a las tareas que a seguridad pública se refiere.
En momentos en los que los militares están llamados a actuar con transparencia, respetando derechos humanos, en el marco del Estado de derecho, es legítimo que se les pregunte y se les escuche sobre la reflexión que existe al interior de los cuarteles, en relación a la sobrecarga de trabajo que realizan.
Por otro lado, al no ser esta la primera vez en la que caen militares en estricto cumplimiento de su deber, y al conocer que la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, arroja que la percepción de inseguridad de los mexicanos ha crecido en los últimos años, estamos llamados a apoyar al Ejército con voluntad política y financiera para elevar el número de plazas, modernizar la infraestructura militar y actualizar los ordenamientos jurídicos necesarios como la Ley de Seguridad Nacional.
Es importante también propiciar mayor actividad de la diplomacia militar ya que esta última funciona bajo criterios de cooperación y coordinación con agencias nacionales e internacionales, definiendo responsabilidades sin transgredir leyes nacionales. Reconocemos que esta frontera es estrecha, pero irrenunciable.
Como sociedad, lo menos que podemos hacer es acompañar nuestra indignación en contra de la emboscada a los militares, con solidaridad traducida en acciones concretas.
