Mariana Gómez del Campo, senadora de la República
Según Transparencia Internacional, la corrupción le cuesta a México 347 mil millones de pesos, lo que equivale al 9% del PIB nacional. Sin duda es un cáncer que carcome la credibilidad de las instituciones como la Presidencia. La presente administración ha estado marcada por lamentables casos de corrupción como la Casa Blanca, Ixtapan de la Sal, Malinalco y los contratos a Grupo Higa; tal es el grado de percepción de la corrupción que la publicación digital OpenCanada ha afirmado que “la corrupción persigue a Peña Nieto”.
La respuesta del Gobierno Federal ha sido tibia y gris, al grado de simular que un subordinado como el Secretario de la Función Pública investigara y auditara lo hecho por “su Jefe” ante el escándalo de la “Casa Blanca”. El resultado previsible, indignó a la sociedad mexicana: “no hubo conflicto de interés”.
La elección del 5 de junio pasado puso de manifiesto que la sociedad mexicana está cansada de la corrupción de las autoridades, en especial, la de los gobernadores solapada desde Los Pinos, y sacó del poder al PRI en estados como Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, cuyos Ejecutivos locales fueron señalados por sus abusos.
Incluso el PRI en el Congreso se atrevió a detener la discusión de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción hasta esperar el resultado de las elecciones y, tras estas, bloqueó aspectos delicados en materia de transparencia, elementos clave de la #Ley3de3 con 52 votos del PRI, 6 del PVEM y 1 del independiente. La votación quedó 59 contra 51.
Es decir, el Gobierno Federal no sólo ha sido omiso ante la crisis de corrupción sino que la ha profundizado. El sexenio del Presidente Peña Nieto posiblemente pasará a la historia como uno de los más cuestionados.
El colmo es el caso de Javier Duarte en Veracruz. En mayo de este año, Animal Político hizo una investigación en la que constató que el gobierno de Duarte desvió 645 millones de pesos a través de una red de empresas fantasma. Hace unas semanas, la PGR informó que investiga a Duarte de Ochoa, y al ex tesorero de esa entidad y actual diputado local por Nueva Alianza, Vicente Guillermo Benítez González, por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal.
La respuesta del PRI, para variar, llegó tarde y fue insuficiente. El castigo para Duarte fue suspenderle los derechos partidarios. Hace unos días, en cadena nacional, Duarte anunció su decisión de separarse del cargo para “enfrentar” las acusaciones que se han vertido en su contra. Lo que a todos nos preocupa es que un personaje impresentable como él, se dé a la fuga. Por eso, presentamos un punto de acuerdo en el Senado para exigir que la PGR solicite medidas cautelares que eviten que evada la justicia.
Duarte ha marcado un antes y un después en el país: ha manifestado que a Peña Nieto le ha faltado voluntad política para perseguir verdaderamente a los corruptos frente a una sociedad harta de la impunidad. Este distanciamiento entre el Gobierno y los mexicanos es una receta fatal que lastima la credibilidad, no de Peña Nieto cuya gestión es aprobada sólo por 2 de cada 10 ciudadanos, sino de las instituciones, lo que es sumamente preocupante.
En cada crisis hay una oportunidad. La coyuntura de Duarte abre la oportunidad de sentar un precedente en nuestra historia reciente para que se actúe a favor de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Puede ser una poderoso mensaje para las nuevas generaciones: Un país libre de vicios del poder es posible y depende de que los ciudadanos cambiemos y alcemos la voz. No nos quedemos callados, el cambio en México no vendrá del gobierno, vendrá cuando nosotros mismos cambiemos.
Marcela Guerra, senadora de la República
En varias entidades de nuestro país, los actos de corrupción de algunos de sus gobernadores han excedido los límites que cualquier sociedad pudiera tolerar.
Desafortunadamente nos encontramos ante una práctica recurrente, pero al mismo tiempo ante el empoderamiento de los ciudadanos que se informan, denuncian y exigen justicia.
La participación de los ciudadanos; la determinación del Poder Judicial para impartir justicia ante la denuncia de presuntos delitos; la apertura de los medios de comunicación para informar puntualmente a la sociedad; y la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, hacen del caso del gobernador con licencia, Javier Duarte, un posible parteaguas en nuestro país.
Duarte de Ochoa se separó del cargo para enfrentar denuncias que van del enriquecimiento ilícito al peculado, pasando por el incumplimiento del deber.
Cosa contraria ha hecho el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, quien también enfrenta investigaciones por actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, y quien está prófugo. La Interpol emitió ficha roja para localizarlo.
Resulta imprescindible aceptar que ante casos de corrupción procedentes de actores de cualquier filiación política, son los partidos políticos quienes continuarán cargando con el peso de las acciones de personajes que han abusado del cargo que el pueblo les confirió. La consecuencia es grave porque los partidos políticos han sido históricamente los mecanismos más exitosos para acceder al poder.
Democracia, transparencia y rendición de cuentas es una ecuación que asegura la legitimidad de los gobiernos.
En nuestro país tenemos un Sistema Nacional Anticorrupción que está en marcha, vamos en la dirección correcta y no estamos dispuestos a retroceder en el combate a prácticas contrarias al Estado Social y Democrático de Derecho.
Muestra de ello fue lo ocurrido en la sesión ordinaria del jueves pasado, en el Senado de la República, en la que se aprobó el dictamen a un punto de acuerdo por el que se eligieron a nueve integrantes de la Comisión de Selección que nombrará a su vez, a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción “SNA”.
El Comité de Participación Ciudadana asegurará la intervención de la población al ser la instancia de vinculación entre las organizaciones de la sociedad civil y el Comité Coordinador del “SNA”. En el mismo sentido, propondrá mecanismos de prevención y denuncia de hechos de corrupción.
La mancuerna sociedad civil-autoridad se está fortaleciendo. La voz de los ciudadanos veracruzanos, sonorenses, quintanarroenses, etc. es la voz de México, la indignación se ha extendido por todo el país.
Es necesario subrayar que se requiere de un Poder Judicial que actúe con ética y profesionalismo; los jueces deben ser firmes e imparciales en sus sentencias.
El combate a la corrupción es un trabajo de todos. Estaremos atentos a que en el combate a este fenómeno se contemple la reparación del daño.
Deberá aplicarse todo el peso de la ley de probarse las acusaciones contra Javier Duarte y contra los otros exfuncionarios que han evadido la justicia. De ser así, este sería un caso ejemplar en el combate contra la corrupción.
