Marcela Guerra, senadora de la República
La seguridad pública es un factor que repercute directamente en la reputación de todo país. Durante la administración del presidente Felipe Calderón, México descendió en la escala del prestigio internacional al declararle la guerra al narcotráfico, lo que propició violencia inusitada: 136 mil muertos, 5 397 desaparecidos y cerca de 150 mil personas desplazadas.
La Secretaría de Seguridad Pública creada en administraciones panistas fue cuestionada por su ineficacia y por la falta de coordinación entre diferentes instancias de seguridad.
Ante los cuestionados resultados de la administración anterior, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha acertado al restituirle la función coordinadora de la seguridad pública a la Secretaría de Gobernación. Gracias a esta decisión se ha fortalecido y consolidado el funcionamiento de coordinación local en cada una de las entidades federativas articulando los esfuerzos de las diferentes instituciones federales, estatales y municipales que participan en el combate a la delincuencia organizada.
La Comisión Nacional de Seguridad y la creación de la Gendarmería Nacional forman parte del modelo de la actual administración federal en materia de seguridad, así como la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, de la mano de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, de La Ley Nacional de Ejecución Penal y la reforma constitucional que crea el Mando Mixto, que se encuentra pendiente de análisis y aprobación en la Cámara de Diputados.
El estado de Nuevo León es el ejemplo más representativo y exitoso que demuestra que a través de una eficaz coordinación entre los tres órdenes de gobierno, el ejército y los ciudadanos se puede revertir una situación de violencia y criminalidad.
En consecuencia, no se debe de sustraer de la Secretaría de Gobernación la responsabilidad de la seguridad.
Es necesario fortalecer los esfuerzos que la administración del presidente Peña Nieto ha liderado acompañándolos de un decidido apoyo financiero al Ejército a fin de elevar el número de plazas, modernizar la infraestructura militar y actualizar los ordenamientos jurídicos necesarios como la Ley de Seguridad Nacional.
Debe reconocerse en este sentido, que el Ejército mexicano ha incorporado en su actuar un cuidadoso respeto a los derechos humanos evitando el abuso de la autoridad. La capacitación de la que han sido provistas nuestras fuerzas armadas debe ser subrayada, de la misma manera que los castigos que se les han infringido a los elementos del Ejército que se han excedido en sus funciones.
Al finalizar el sexenio anterior prevaleció la percepción de que la guerra que Calderón había decretado había sido perdida. En esta administración la opinión es diferente sin embargo, reconocemos que la urgencia por mayor seguridad pública es indiscutible. Todos aspiramos a tener paz y prosperidad.
Mariana Gómez del Campo, senadora de la República
Ante el número de delito en el país, ¿se debería sacar de la SEGOB la responsabilidad de la seguridad como algunas voces lo han propuesto?
Desde el año 2012, en el Congreso levantamos la voz para señalar nuestra preocupación de que SEGOB absorbiera las funciones de la entonces Secretaría de Seguridad Pública, pues se crearía una “secretaría de tamaño monstruoso” incapaz de atender todas sus obligaciones, mientras que también se corría el riesgo de crear una “policía política”. El tiempo nos dio la razón, esa concentración fue un error.
El Presidente de la República apostó por hacer del Secretario de Gobernación: “responsable de la conducción política del país, jefe de la policía, estratega de inteligencia, defensor de los derechos humano, vocero de seguridad, jefe de gabinete, operador electoral, interlocutor con el Congreso, orquestador del Pacto por México y Canciller”, como lo señaló Acción Nacional en 2013. Desde hace tres años, puntualizamos que este modelo era demasiado arriesgado y una receta para el fracaso. Pero en Los Pinos la soberbia superó a la lógica.
El ejemplo más claro es que no han sido capaces de combatir la inseguridad. Según datos de la organización mexicana Semáforo Delictivo, en el primer trimestre de 2016 se documentó un incremento de 15 por ciento en los homicidios relacionados con el crimen organizado. Son alarmantes los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2015, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), pues señala que en el país hubo un aproximado de 23 millones 285 mil víctimas de algún delito en 2015 lo que representó una pérdida promedio de 6 mil 398 pesos por persona.
Lo peor es que el 93.7 por ciento de los delitos no fueron denunciados, lo cual es muestra de que los mexicanos no confían en las autoridades encargadas de la impartición de justicia o ven tediosos los procedimientos en el Ministerio Público pues en el 45.9 por ciento de los delitos denunciados y con averiguación previa no pasó nada o no fue resuelto el delito. Esta situación es muy grave, significa que aproximadamente sólo el 3.5 por ciento de los ilícitos son castigados.
Coahuila, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz son entidades donde la violencia se desbordó: en julio de este año, los homicidios en Veracruz alcanzaron un nivel histórico, no visto desde 1997 y datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública afirma que en la administración de Javier Duarte se registraron los niveles más altos de homicidios en la entidad; desde julio, la violencia e inseguridad se incrementaron en el capital tamaulipeca lo que provocó que autoridades la declararan un foco rojo e intensificaran la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional; actualmente Quintana Roo es el primer lugar nacional de violencia de género con un total de 21 mil 600 casos de violencia de género; en Coahuila se ha incrementado un 25.9 por ciento la tasa de víctimas por delitos por cada 100 mil habitantes, colocándolo en el número uno a nivel nacional. Incluso pese a las intervenciones del Gobierno Federal en estados como Michoacán y Guerrero, la violencia se incrementó en lugar de disminuir.
En suma, es un hecho que SEGOB está rebasada en sus funciones. A pesar de la concentración, hoy se carece de una estrategia integral para combatir la inseguridad que nos cuesta el 1.27 por ciento del PIB. Se ha distraído de sus principales funciones, se perdió la gobernabilidad en Veracruz ante un exgobernador que hoy está prófugo por la misma ineficacia, hay pocos avances en los casos más relevantes en los que se ha cuestionado el respeto a Derechos Humanos como los son: Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato y Nochixtlán.
La situación es crítica, no podemos esperar más para trazar una ruta integral para atender el problema de seguridad. Hoy vemos que tanto fue un error centralizar facultades en una sola Secretaría como pretender ocultar bajo la alfombra los hechos de violencia en el territorio nacional. Es evidente que requerimos un cambio estructural.
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