La seguridad es el principal reclamo de los mexicanos y a la vez un derecho fundamental que debe ser protegido por el Estado.
En varias entidades del país, los gobiernos han sido rebasados por el crimen organizado. Las Fuerzas Armadas fueron desplegadas para preservar el orden público y su presencia lo ha garantizado, sin embargo no existía un ordenamiento que les brindara certeza legal.
La Ley de Seguridad Interior abre la posibilidad a la intervención de las Fuerzas Armadas cuando existan circunstancias que comprometan o superen las capacidades efectivas de las policías federales, estatales o municipales, para enfrentar las amenazas a la seguridad interior entre las que se señalan desastres naturales, terrorismo, epidemias, espionaje, delincuencia organizada.
Esta intervención habrá de ejecutarse respetando los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos humanos, eficiencia, coordinación, cooperación, racionalidad, proporcionalidad y temporalidad; cumpliendo además con el uso legítimo de la fuerza.
El cuerpo de la ley está armonizado con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos que reconoce el propio ordenamiento y los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es Parte.
En el mismo sentido es acorde con la Constitución porque el Presidente de la República tiene facultades para usar a las Fuerzas Armadas frente a fenómenos que impacten la Seguridad Interior. El Congreso está facultado para legislar en materia de Seguridad Nacional, siendo la Seguridad Interior parte de ésta.
La Ley de Seguridad Interior ha sido aprobada por la Cámara de Diputados al considerar que con ella se llena un vacío legal que existía desde la redacción original de la Constitución de 1917; se cumple con la meta “Un México en Paz” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el que se expresa la necesidad de impulsar y crear instrumentos jurídicos que fortalezcan y den sustento legal a la actuación de las Fuerzas Armadas en actividades de Defensa Exterior y Seguridad Interior; también se acota la actuación de las Fuerzas Armadas en el tiempo, la circunstancia y el espacio.
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Este ordenamiento no pone en riesgo los derechos humanos en México. Sus disposiciones buscan salvaguardar a la población y proporcionar certeza a la acción de las Fuerzas Armadas.
El desafío de la Ley de Seguridad Interior estará en que al aplicarse se observen los derechos humanos.
Toca el turno al Senado de la República de ser receptivo a todas las inquietudes que la sociedad ha expresado y en función de ello emitir un voto responsable.