Los mexicanos contamos ya con legislación que brinda certeza jurídica a las Fuerzas Armadas para que intervengan cuando existan circunstancias específicas que comprometan o superen las capacidades efectivas de las policías federales, estatales o municipales para enfrentar las amenazas a la seguridad interior.
El siguiente paso tras la aprobación de la ley será el de vigilar que en su aplicación se acaten estrictamente los fines, procedimientos y condiciones de la misma. De particular interés será lograr que en todos aquellos territorios en los que haya presencia militar, se estén desarrollando simultáneamente por parte de las entidades federativas, acciones y estrategias para fortalecer cuerpos policiacos estatales y municipales.
Este acierto implicará que al tiempo en el que las Fuerzas Armadas estarán actuando para mitigar los riesgos o amenazas a la seguridad interior, se estarán ejecutando planes y programas con plazos, presupuestos y objetivos específicos previamente aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que lleven a posibilitar la salida de los militares porque la coordinación y el encargo de su cometido va a poder ser remplazado por las autoridades locales.
Será el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la institución encargada de acreditar y dictaminar en 90 días sobre el programa arriba referido de las entidades federativas.
De cumplirse este cometido, el Estado mexicano habrá recuperado su misión fundamental de resguardar y proteger a la población en su integridad y en su patrimonio.
Otro acierto de la Ley de Seguridad Interior es el de dar a conocer mediante una declaratoria que habrá de publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas afectadas, los detalles de la amenaza o riesgos identificados, así como las acciones que se llevarán a cabo para mitigarlos.
Esto implica que la población en general tendrá a su disposición la información precisa de lo que está ocurriendo en una localidad determinada, en aras de entender y colaborar para superar todas aquellas condiciones que por momentos precipitaron desplazamientos o abandono de sus habitantes. En el mismo sentido, la coordinación y colaboración entre autoridades y sociedad podrá restaurar el tejido social.
Desde el Senado de la República nos ocuparemos de difundir los beneficios de la Ley de Seguridad Interior y seremos receptivos a los señalamientos de la sociedad y de todos los actores involucrados en su cumplimiento, con el propósito de atender el principal reclamo de los mexicanos: mayor seguridad por parte del Estado.