El proceso electoral mexicano no está exento de este riesgo. A través de las redes sociales es posible para cualquiera fabricar una campaña sucia contra uno o varios contendientes o institutos políticos con efectos que pueden explicar el triunfo o la derrota de un candidato sobre otro.
Las redes sociales son tierra de nadie y el hecho de se puedan abrir cuentas con diferentes identidades facilita esta realidad que ya se está viviendo en varios países.
Otra forma de intervenir es hackeando bases de datos de las instituciones que se encargan de organizar las elecciones con el objetivo de manipular información.
Para las elecciones en México, el Instituto Nacional Electoral “INE” y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales “FEPADE” son las autoridades responsables de blindar las campañas electorales para evitar desvíos de recursos, financiamiento ilícito y detección de una presunta intrusión con métodos electrónicos.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales contiene disposiciones que prohíben la injerencia de extranjeros en el proceso electoral. Los actores que participan con miras a obtener un puesto de elección popular están obligados a rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente del extranjero.
Entre las sanciones a las que pueden hacerse acreedores quienes acepten apoyos extranjeros figura la pérdida del derecho de ser precandidato o la cancelación del registro como candidato.
Ante la evidencia de que se detecten campañas que difundan informaciones falsas, la FEPADE puede solicitar en cualquier momento a las compañías o servidores de internet información que lleve a encontrar a los responsables.
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional “CISEN” también estaría facultado para rastrear las pistas de aquél o aquéllos que usen irresponsablemente internet para afectar a un candidato.
En el mismo sentido, la policía cibernética tiene la misión de monitorear redes sociales y sitios web en general y en caso de detectar anomalías, debe emitir ciberalertas preventivas a toda la población.
La Intervención oportuna de las autoridades para detectar cualquier transgresión a la ley es fundamental.
Como ciudadanos, la mejor forma de contribuir a que nuestro proceso electoral sea limpio y transparente es mediante la participación informada y la denuncia inmediata en caso de conocer del mal uso de la tecnología para afectar las campañas políticas.
