Por: Francisco Varela Sandoval | @panchvarela
La CDMX es una ciudad de vanguardia en protección de derechos gracias a sus leyes y a sus instituciones. Aquí, las mujeres deciden sobre su propio cuerpo, podemos amar a quién queramos y nuestro amor debe ser legalmente reconocido, y tenemos el derecho a la buena administración pública. Por eso, a pesar de la corrupción y la contaminación y la delincuencia y el caos urbano cuando llueve, vivir en la ciudad sigue siendo motivo de orgullo. Somos orgullosamente chilangos y estamos orgullosos de nuestros derechos.
Hoy, dos de estos derechos enfrentan un gran reto: el futuro del acceso a la información y la protección de datos personales en la CDMX depende de la integración del nuevo Pleno del Instituto de Transparencia, que está siendo decidida por la Asamblea Legislativa. Este Instituto está encargado de garantizar la transparencia, rendición de cuentas y protección de nuestros datos en manos del gobierno, y los siete comisionados que se nombrarán son los guardianes del Instituto. Ellos serán empleados nuestros a cargo de combatir la corrupción y proteger nuestra información personal.
El proceso de selección de los comisionados ciudadanos se encuentra en una encrucijada. La ALDF decidirá entre nombrar en esas posiciones a ciudadanos independientes y preparados, o utilizar esas posiciones para un reparto de cuotas a sus cuates, como muchas veces sucede. Es claro que lo mejor para la ciudad es contar con las personas más capacitadas y autónomas porque esas cualidades les darán la legitimidad para defender los derechos de los ciudadanos frente a las autoridades. La sociedad civil y los ciudadanos deben presionar para que así sea.
De la calidad, independencia y fuerza que tengan los siete comisionados que se nombren dependerá la posibilidad de exigir rendición de cuentas al gobierno que sale y al nuevo que llegará a finales de 2018. En un año electoral, esto no es menor. Si los comisionados son un verdadero contrapeso ciudadano, los capitalinos tendremos la certeza de que la información que documenta casos de corrupción no será ocultada, de que nuestros datos personales no serán utilizados para fines electorales, y de que los funcionarios del gobierno se sabrán bajo una lupa ciudadana constante que los llevará a mejorar su desempeño. Si los comisionados no son independientes o no conocen el tema a fondo, acabarán por doblar las manos ante la corrupción y el mal gobierno.
Los capitalinos somos ciudadanos exigentes, y con justa razón. Pagamos impuestos, contribuimos con el 17% de lo que produce la economía nacional, nos preparamos y entendemos que el gobierno y las instituciones están a nuestro servicio. Aunque el acceso a la información y la protección de datos suenan lejanos para muchos, tienen grandes implicaciones en la vida de todos, y hoy toca defenderlos. La mejor manera de hacerlo es voltear a ver el proceso que está llevando a cabo la Asamblea y exigir que elijan bien. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de convertirnos en la ciudad más opaca, en vez de llegar a ser la región más transparente.