Los servidores públicos que ocupan cargos donde se toman las más importantes decisiones que definen la política nacional son susceptibles de corrupción, pues se tocan los intereses de una gran cantidad de actores nacionales y multinacionales, por ello, como una forma de desincentivar esos actos se han instrumentado diversas acciones de control, sin embargo, contar con salarios altos es la forma primigenia de evitarlos, bajo la lógica de que funcionarios bien pagados no recurrirán a actos de corrupción; aunque durante los gobiernos priistas, tanto federales como estatales, la premisa se ha roto.
En ese sentido, la determinación de dotar a los ex presidentes de una “pensión” tiene dos razones, por un lado, se les otorga la seguridad del Estado Mayor Presidencial para evitar que su integridad física, y la de su familia, sea afectada por aquellos cuyos intereses no fueron beneficiados durante su administración, particularmente de grupos de la delincuencia organizada. Por otro lado, el contar con recursos económicos para su sostenimiento tras su administración, les permite actuar con total independencia, no aprovechar los conocimientos estratégicos que tienen e inhiben cualquier acto de corrupción para beneficiar a unos cuantos a cambio de sobornos.
Esa lógica ha prevalecido en los sistemas presidencialistas latinoamericanos y la mayoría de las repúblicas en la región tienen estipuladas en sus leyes, normas que regulan el otorgamiento de recursos en forma de pensión a ex mandatarios.
En Estados Unidos, el ex presidente Barack Obama recibe 205 mil 700 dólares anuales como pensión vitalicia, es decir, el salario similar al de un secretario nacional integrante del Gabinete presidencial; además, reciben una oficina, sueldos para su equipo, viáticos para viajes relacionados con su figura de ex presidente, cobertura médica y protección de elementos del servicio secreto.
Así, en Estados Unidos los ex presidentes reciben poco más de 17 mil dólares mensuale de pensión directa; en América Latina la situación no es diferente: en Chile reciben casi 14 mil dólares, en Argentina casi 12 mil dólares, en México, poco más de 11 mil dólares, en Colombia 9.5 mil dólares, en Perú alrededor de 4.6 mil dólares, mientras que en Bolivia 2.6 mil dólares.
En Brasil, tras una serie de reformas, los ex presidentes no reciben pensiones vitalicias pero el Estado paga salarios a cuatro agentes de seguridad, dos choferes con autos oficiales, así como a dos asesores personales, de por vida; cabe mencionar que aún los ex presidentes que hayan sido destituidos, como Dilma Rousseff, cuentan con dichos beneficios. Por su parte, en Uruguay los ex presidentes no reciben ingresos especiales del Estado pues se jubilan bajo el régimen que cualquier ciudadano con 60 años de edad y al menos 30 años de trabajo recibiendo una cifra resultado de un cálculo más la capitalización de sus ahorros de su fondo de retiro.
Sin embargo, no sería responsable hacer una comparación cuantitativa sobre los montos que reciben los ex presidentes sin pasar por la calidad de vida relativa al poder adquisitivo de los ciudadanos; tan sólo en Uruguay, el salario mínimo es de 13 mil 430 pesos uruguayos mensuales, algo así como 475 dólares americanos, mientras que en México es de 2 mil 650 pesos mexicanos, es decir, 147 dólares.
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Y es que justamente es la desigualdad la condición propicia para el surgimiento de ideas populistas, como la realizada por López Obrador sobre eliminación de las pensiones a los ex presidentes, pues según datos de la Comisión Económica para América Latina, en México dos terceras partes de la riqueza está en manos del 10 por ciento de la población y ellos son dueños del 80 por ciento de los activos financieros del país. Esto se traduce en ciudadanos indignados con un poder adquisitivo reducido que tienen servidores públicos que perciben altos salarios y que encima de ello, son corruptos y no los representan. Es por lo tanto lógico que a las pensiones vitalicias se les identifique más como un abuso que como una medida para la propia seguridad del país.
Queda claro que es mentira lo dicho por AMLO, los ex presidentes no reciben 5 millones de pensión, sino 200 mil pesos; además, tanto Salinas como Zedillo renunciaron a su pensión; Felipe Calderón, como lo hizo público, la dona a una organización dedicada a atender niños con cáncer.
La propuesta de Ricardo Anaya es responsable y ha ofrecido revisar y analizar a profundidad el tema de las pensiones de los ex presidentes pero con argumentos técnicos y no políticos. .Además, ir más allá, sería adecuado que transparenten lo que hacen con los ingresos que reciben del erario, de esa manera se eliminan los gastos superfluos y podría abrirse la posibilidad de que reintegren al país los recursos que no requieran para vivir.