Las medidas de austeridad implementadas recientemente en el Congreso de la Unión – y las que probablemente se implementarán en todo el Gobierno Federal a partir del 1° de diciembre – responden primero, a un reclamo legítimo de la sociedad que exige la disminución de privilegios en el ejercicio de la función pública, y segundo, a la necesidad de reunir, de acuerdo con el gobierno entrante, los recursos necesarios para cumplir con las propuestas realizadas durante la campaña.
Todas las fuerzas políticas, al menos en el Senado, hemos apoyado las medidas de austeridad porque es lo correcto. Sin embargo, debemos decirlo con claridad: la austeridad es condición imprescindible para mejorar la calidad de vida de las personas en México, pero de ninguna manera es suficiente. Se requiere además de transparencia, más innovación y mayor rendición de cuentas.
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La austeridad es un buen primer paso. Tendremos que estar vigilantes a que todos los recursos se ejerzan con transparencia, y que se destinen a construir un país más digno y a una administración más eficiente y eficaz, orientada a resolver los problemas estructurales de México.
El reclamo de austeridad tiene como fondo una exigencia mucho más amplia y profunda – reflejo también de la evolución de la democracia en México – que es la transformación de la relación del Estado con las personas. La sociedad nos exige parlamentos, órganos de justicia y gobiernos abiertos, en donde existan espacios para la participación, la colaboración y la co – creación de soluciones.
El mayor reto es lograr pasar de un discurso centrado en la demonización de los servidores(as) públicos(as) a una forma distinta de entender la función pública en la cotidianidad. Es nuestra oportunidad para redignificar la política y devolverle su sentido ético y humano, Es nuestra responsabilidad no dejarla pasar.
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