El pasado 14 de marzo, diputados federales de Morena y sus aliados, aprobaron el Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, sobre las Iniciativas con Proyecto de Decreto, que reforma y adiciona los artículos 35, 36, 73, 81, 83, 99, 115 y 122 de la Constitución, que se refieren a los derechos de los ciudadanos mexicanos en relación a la revocación de mandato y consulta popular, entre otros.
Es un hecho que el verdadero espíritu de la revocación de mandato, es el de ser un instrumento para fortalecer la participación ciudadana en una democracia sana, sin embargo, el texto aprobado por los diputados federales, tiene elementos que por supuesto, podrían abrir una posibilidad que ningún presidente en funciones ha podido hacer en nuestro país después de Porfirio Díaz. Plutarco Elías Calles lo intentó, y Álvaro Obregón casi lo logra en 1928.
Aún cuando en el discurso se habla de que el Presidente de la República sea sometido a una revocación de mandato, es decir, a una “evaluación” de sus resultados, lo que realmente va a suceder es que el presidente López Obrador estará legalmente en la boleta electoral del 2021, y por consiguiente, estará haciendo campaña para fortalecer a sus candidatos al Congreso y se abrirá la puerta, para que toda vez aprobada su «ratificación», sea él mismo quien promueva una reforma constitucional donde se permita la reelección presidencial, investido con «la legitimidad» de haber sido avalado por un proceso de «revocación de mandato», que no es otra cosa que la justificación para estar en campaña permanente como ha venido sucediendo todos los días en sus conferencias mañaneras y sus giras que parecen mas mítines de campaña que giras de trabajo. A esto hay que agregar la «política social» que está implementando este gobierno de repartir dinero, haciendo evidente tener más fines electorales que combatir las desigualdades sociales que hay en nuestro país.
El Dictamen pasará a su análisis, discusión y/o modificación por el Senado de la República en próximos días, y la oposición estará obligada a proteger los derechos de los ciudadanos y sobre todo, a defender la democracia de nuestro país.