El memorándum enviado por el presidente a sus secretarios de Estado instruyendolos a ignorar lo establecido en la Constitución en torno a la reforma educativa representa una salida fácil a un tema complejo y de la mayor importancia para nuestro país, además de ser una estrategia ilegal. Una estrategia que parece negarse a asumir las responsabilidades y limitaciones que conlleva el mandato popular recibido en las pasadas elecciones.
Cuando tanto el presidente como miembros de Morena intentan justificar la validez de un memorándum llamando a ignorar disposiciones claramente establecidas en la Constitución, lo hacen argumentando la supuesta injusticia de la reforma educativa realizada durante la administración anterior. Esta discusión bien podría abordarse en el marco de los estudios críticos de la ley, en el que se reconoce que todas las leyes están inmersas en relaciones sociales y de poder.
Sus proponentes buscan analizar los contextos económicos y sociales en los que estas se desarrollan, así como su impacto en los grupos históricamente excluidos y vulnerados. Sin embargo, un análisis de esta índole no puede ser utilizado como pretexto por quienes tenemos la facultad de modificar las leyes, ni por quienes tienen la obligación de respetarla y hacerla cumplir, en este caso los miembros del gabinete. Es decir, por quienes de facto, cuentan con el poder de modificarlas. Con estas acciones el Ejecutivo pasa por encima de instituciones y legislaciones que velan bienes jurídicos protegidos constitucionalmente.
Los titulares de las secretarías no tienen que cumplir con un memorándum que significa violar la constitución y las leyes emanadas de la misma. De hacerlo, estarían incurriendo no solo en faltas administrativas sino en el debilitamiento del Estado de Derecho y la división de poderes. Un estado de derecho y una división de poderes que – aunque no quieran reconocer – son necesarios para poder generar bienestar, y preservar la justicia y paz en nuestro país.