En este espacio he tenido la oportunidad de hablar sobre la Guardia Nacional en varias ocasiones: para celebrar el consenso parlamentario que logró mejorar el dictamen para la creación de la Guardia Nacional, dándole un carácter enteramente civil, y para hablar sobre el perfil de la persona que idealmente encabezaría a este cuerpo, también inclinándome porque se tratara de un mando 100% civil, sensible a las necesidades en materias de derechos humanos y género, como elemento central para alcanzar la paz y seguridad en nuestro país.
Tras votar a favor la Estrategia Nacional de Seguridad y tras los primeros avistamientos de despliegue de la Guardia Nacional en Veracruz, me gustaría hacer una reflexión sobre el porqué no podemos esperar cambios drásticos en el corto plazo en materia de seguridad.
Si bien existe voluntad clara para lograr la pacificación del país, intención que hemos acompañado desde el Senado, las labores de los elementos de la Guardia Nacional desplegados en los últimos días en Veracruz suceden mientras faltan aún cuatro leyes secundarias indispensables, no solo para el éxito en materia de reducción de criminalidad, sino también para la generación de evidencia que nos den cuenta del avance: las de Uso de la Fuerza, el Registro Nacional de Detenciones, la Ley Orgánica de la Guardia Nacional y modificaciones a la Ley de Seguridad Pública.
Los elementos desplegados hasta ahora y lo que pretenden en términos de contención no tendrá un impacto significativo en la seguridad del país, hasta que más allá del cambio de uniforme, exista una guardia nacional integral y habilitada por un marco legal completo. Este es un momento para tejer junto con la esperanza de paz y apoyo a la estrategia de seguridad, el compromiso de mayor transparencia y rendición de cuentas en el actuar del gobierno federal en materia de seguridad.
