La semana pasada, el periódico Reforma publicó un listado de algunos periodistas, analistas y medios de comunicación que recibieron recursos por el concepto de publicidad oficial del Gobierno Federal durante la administración anterior. Todo este gasto ha sido público por varios años, y es complementamente legal. Medios tan serios y críticos con la administración anterior como Animal Político fueron incluidos en esta lista. Sin embargo, esta coyuntura ha revelado la urgencia de, desde el Congreso de la Unión, establecer criterios claros para la asignación de esta gasto.
En 2017, la SCJN resolvió – derivado de un amparo promovido por la organización Artículo 19 – que el Congreso de la Unión debía de expedir una ley que regulara el gasto en publicidad oficial. En esta resolución el ministro ponente, hoy Presidente del Alto Tribunal, Arturo Zaldívar expuso que la omisión del Congreso afectaba el derecho a la libertad de expresión, derecho que requiere de una prensa libre. En atención a este amparo, el Congreso de la Unión aprobó en 2018, la Ley General de Comunicación Social.
Hoy resulta claro que esta Ley necesita reformarse, de manera que establezca criterios claros para la asignación del gasto en publicidad oficial. La transparencia en la asignación de estos recursos fortalecerá no solo la libertad de expresión, y la diversidad de opiniones en los medios de comunicación, sino que además servirá para fortalecer nuestra democracia.
En un contexto global que ha transformado en su totalidad cómo las personas consumimos la información, las opiniones y hechos noticiosos, los criterios con que el gobierno – en todos sus niveles – deciden la asignación de dinero público para la publicidad oficial, puede determinar si algunos medios de comunicación sobreviven o no. Ello, aunado, al surgimiento de las fake news, hacen que el contar con medios de comunicación independientes, sostenibles y transparentes financieramente sea imprescindible para las democracias.