El mismo día que el presidente Trump anunció las tarifas adicionales a los bienes mexicanos condicionando la política migratoria mexicana, también puso presión sobre los demócratas enviando al Congreso el resumen de los cambios legales necesarios para la implementación del T-MEC sin haber concluido las negociaciones con éste grupo.
El anuncio de las tarifas aunado a este hecho ponen en grave riesgo la aprobación del T-MEC tanto del lado estadounidense, como del mexicano: ese mismo jueves, recibimos en el Senado la propuesta del T-MEC para su ratificación.
Todos los Estados tienen el derecho de utilizar las herramientas diplomáticas y comerciales a su alcance para proteger sus intereses nacionales. El problema es que estas rara vez obtienen los resultados deseados y causan pérdidas, incluso para el país que las impone. En este caso resulta más evidente porque, como lo señaló el Secretario de Relaciones Exteriores: esta medida no tiene lógica económica para nadie. Por ello, diversos actores económicos y políticos en ambos países han expresado su rechazo a estos aranceles.
La definición de la política migratoria es una facultad exclusiva de cada Estado, y la mexicana está fundada en el respeto a los derechos humanos. Construir una frontera más humana, hospitalaria y digna, frente a un contexto internacional en el que se extienden discursos xenófobos y racistas, continúa siendo uno de los retos más grandes de nuestro país. Por cierto, Trump se equivoca al decir que México no ha hecho “su parte”, y es que lamentablemente, durante esta administración, el número de deportaciones desde México se ha triplicado.
En este contexto, la racionalidad detrás de las recientes acciones de Trump, está en la necesidad de aglutinar a sus bases en torno a sí mismo: es la vuelta a uno de los temas más consistentes de su corta carrera política. La confrontación con México por la migración es una herramienta discursiva que ha utilizado desde su primera campaña y que repitió antes de las elecciones intermedias de 2018.