El sistema jurídico mexicano establece que todo servidor público debe actuar en sus funciones siempre, siguiendo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
Bajo esta premisa, es importante mencionar que una de las banderas más relevantes del gobierno del presidente López Obrador es, sin duda, la lucha contra la corrupción, recuerdo que también fue la promesa más importante que hizo a las mexicanas y mexicanos en su campaña electoral que, finalmente, lo llevó al triunfo.
Ahí afirmaba que todos los males que aquejan a nuestro país se deben a la corrupción que por décadas ha imperado en las altas esferas del poder. Se hizo popular aquella frase de que iba a acabar con la corrupción: “como se barren las escaleras, de arriba para abajo”.
En este sentido, siendo congruentes con lo prometido por el actual presidente de la República, dentro de sus tareas, la más significativa debe ser la lucha contra la corrupción, además de que existen disposiciones en la Constitución que así se lo mandatan y que debe cumplir a cabalidad.
Existen casos en nuestro país muy emblemáticos y que son bien sabidos por la opinión pública por los monstruosos actos de corrupción que se llevaron a cabo, destacan el caso Odebrecht, Pemex y la Estafa Maestra.
En este sentido, se han emprendido procedimientos administrativos y penales en contra de ex funcionarios del gobierno del ex presidente Peña Nieto, como el de Emilio Lozoya en Pemex, ahora el de Rosario Robles cuando estuvo al frente de dos secretarías y que, sin duda, representan acciones concretas para combatir la corrupción; sin embargo, considero que lo importante de todo esto es que el Sistema Anticorrupción previsto en la Carta Magna sea eficaz y eficiente en esta tarea tan importante para México.