Realmente la pregunta sobre la corrupción en el sector judicial, en particular de jueces, es un asunto mayúsculo que tiene que ver con dos temas que no han sido plenamente atendidos en México y que urge resolverlos si es que queremos vivir en paz, si es que queremos vivir libres de violencia, si es que queremos vivir con justicia y si es que queremos vivir en un estado verdadero de derecho.
Por un lado, la corrupción es un mal que tiene que acabarse en nuestro país, que está íntimamente ligado con la impunidad. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019 del INEGI, la presencia de corrupción a nivel nacional por pago, trámite, solicitud de servicios públicos y otros contactos con autoridades aumentó de 14,635 víctimas en 2017 a 15,732, al igual que la tasa de incidencia (por hechos recurrentes), la cual pasó de 25,541 actos de corrupción en 2017 a 30,456 en 2019 (ambos datos por cada 100 mil habitantes).
Asimismo, el costo promedio por persona, a consecuencia de los eventos descritos, pasó de $2,450 a $3,822 en el mismo periodo. Lo anterior demuestra que la corrupción es un tema que todavía está presente, que no acaba por terminarse y para que la impunidad no exista, la justicia tiene que ser pareja y verdadera.
Por el otro lado, quedó a la mitad una modificación estructural del sistema judicial del país, ya que hasta ahora sólo se ha reformado el artículo 19 de nuestra Constitución Política, para pasar de 9 a 19 delitos en los cuales un juez puede ordenar prisión preventiva oficiosa, incluyendo los de corrupción y electorales, para lo cual tiene que haber una gran capacitación y altura de miras a fin de no politizar la justicia sobre todo en casos como estos dos últimos.
Es un tema delicado, por lo que estamos ante un reto muy importante de cómo poder resolver de manera satisfactoria, pero sobre todo de manera legal y con verdadera impartición de justicia, el abatimiento de la corrupción en todos los sentidos y en todos los niveles, no nada más en el Poder Judicial. Pero claro, se tiene que empezar por quienes imparten justicia.