El sistema financiero mexicano se conforma de un grupo de instituciones tanto públicas como privadas, que tienen como principal propósito captar dinero ahorrado para canalizarlo a quien lo necesita. Esto significa que capta el recurso como ahorro tanto de nacionales como extranjeros, lo administra y lo canaliza para la inversión y el gasto; de esta manera, el dinero fluye en el país y se genera movimiento en la economía.
Los principales representantes del sistema financiero en México son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México (Banxico), así como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), entre otras.
La CNBV define la inclusión financiera como el acceso y uso de servicios financieros formales, bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la educación para mejorar las capacidades de todos los segmentos de la población, y la penetración del crédito.
La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2019 indica que la población adulta incluida financieramente en nuestro país creció en 14.6 millones de adultos en los últimos 6 años; al mismo tiempo, el número de adultos con más de un producto financiero creció en 9.8 millones. A su vez, la población adulta que posee un crédito formal creció 4 puntos porcentuales.
El crecimiento en los productos crediticios está representado de la siguiente manera: 61% en tarjetas de crédito departamental, 34% en tarjetas de crédito bancarias, 22% en vivienda, 9% en créditos personales, 7% en préstamos de nómina, el 4% en créditos automotrices y un 4% en créditos grupales.
De ellos, se otorgaron 54,574,428 créditos de la banca; 3,265,939 créditos de Entidades de Ahorro y Crédito Popular (EACP); 528,793 créditos a pymes, y 269,639 créditos a grandes empresas.
La inclusión financiera es necesaria, ya que propicia la inclusión social, disminuye la pobreza y la desigualdad; además permite que tanto la población en general como las mipymes incrementen su patrimonio.
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Desafortunadamente, en nuestro país esta inclusión es aún muy decadente debido a la falta de cultura en la población, la desconfianza en las instituciones y la ignorancia en la reglamentación de los productos financieros. Lo anterior ha derivado en que diversos especialistas consideren que el sistema financiero de México es profundamente desigual, ya que consideran que las opciones de ahorro y, sobre todo, de crédito no son accesibles para un porcentaje importante de la población, ni la provisión de créditos que alimentan el gasto, ni la inversión productiva.
Contar con un sistema financiero que promueva de manera sólida el acceso al ahorro y, principalmente, a los créditos permitiría un círculo de beneficios para la generación de una economía doméstica sana.
“Los países que han logrado más avances con miras a la inclusión financiera son los que han creado un entorno normativo y reglamentario propicio, y han fomentado la competencia permitiendo a las instituciones bancarias y no bancarias innovar y ampliar el acceso a servicios financieros. Sin embargo, la creación de este espacio innovador y competitivo debe ir acompañada de reglamentaciones y medidas de protección del usuario apropiadas para garantizar la prestación responsable de servicios financieros”. Banco Mundial.